Los señalamientos contra Nestora Salgado lanzados por el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, resultan preocupantes porque criminalizan la legítima labor de las policías comunitarias en Guerrero, señalaron las más de 80 organizaciones que conforman la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

Indicaron que las acciones de la luchadora social como comandante están respaldadas por un marco jurídico nacional e internacional. Es sumanente grave que un candidato al más importante cargo de elección popular saque de contexto situaciones que tienen que ver con la incapacidad de los actores estatales para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia, con la intención de capitalizarlas políticamente.

La comandanta

En 2013, la comunidad de Olinalá, Guerrero, decidió incorporarse al sistema local de policías comunitarias para protegerse ante los embates del crimen organizado. A Nestora Salgado se le asignó el cargo de comandante.

Esta decisión se enmarca en el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, el cual se encuentra reconocido y protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; en el artículo 2 de la Constitución mexicana, y en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero.

Hubo una acusación contra Salgado y otros líderes por secuestro, y se documentaron numerosas violaciones al debido proceso. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares en su favor, y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias la reconoció como víctima.

Tras dos años y siete meses, Nestora fue absuelta y liberada en marzo de 2016, luego de que un juez dictaminó que sus actividades estuvieron enmarcadas en los derechos indígenas reconocidos nacional e internacionalmente.