El robo de gas licuado de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) creció de forma alarmante el pasado año y actualmente en tres estados de la República el mercado negro ya satisface 15 por ciento de la demanda, denunció la asociación mexicana de distribuidores del combustible.

El principal problema es la impunidad y la actuación insuficiente de las autoridades, ya que al no haber consecuencias se generan incentivos para que los grupos criminales actúen, consideró el presidente ejecutivo de Amexgas, Octavio Pérez Salazar.

En conferencia de prensa explicó que los estados más afectados son Veracruz, Tlaxcala y Puebla, entidades por los cuales atraviesa el LPGducto por donde Pemex distribuye el gas licuado.

Sólo en Puebla, el robo de gas licuado de petróleo en tomas clandestinas se incrementó más de mil por ciento de 2012 a la fecha, resaltó Pérez Savala, quien agregó que en esas tres entidades hace un año el mercado negro apenas satisfacía 5 por ciento del mercado y ahora llegó hasta 15 por ciento.

Tal actividad provoca pérdidas económicas por 40 millones de pesos mensuales en esos estados, comentó el directivo, quien aseguró que más allá de eso, el principal problema es el riesgo en el que se coloca a los usuarios, pues tanto la extracción del gas como su traslado y venta se hace sin controles de seguridad.

Señaló que el principal incentivo que tienen los ciudadanos para adquirir el combustible robado es el precio, el cual es alrededor de 60 por ciento más bajo que el del gas legal.

Pérez Salazar comentó que Hidalgo, Tamaulipas, Nuevo León y la zona metropolitana de la Ciudad de México también sufren ese problema.

El principal objetivo de la reforma energética consiste en incrementar la competitividad de todo el sector en beneficio de la industria, los comercios y los hogares mexicanos; sin embargo, en los meses recientes, la industria del gas LP ha enfrentado un reto adicional que dificulta su desarrollo y pone en riesgo la seguridad de todos los consumidores, alertó el dirigente empresarial.

Enfatizó que dicho problema pone en riesgo las inversiones que se han realizado a partir de la apertura del mercado energético nacional con la aprobación de la reforma, en diciembre de 2013.

Insistió en que desde hace años el sector ha pedido a la autoridad que tome cartas en el asunto, pero lo que se ha visto es que el panorama es cada vez peor, por lo que también hizo un llamado a los candidatos presidenciales para que fijen su posición.