El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, reconoció que en el país se vive en el peor de los mundos en materia de seguridad, un reto que –abundó– no se termina de superar, enfrentar ni medir.

También, el ex secretario de Hacienda, en un tuit, lamentó el asesinato del periodista Héctor González, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde hoy realizará una gira de trabajo. Abundó: Me uno a la indignación por este caso y al llamado para su esclarecimiento. Mi solidaridad con el gremio periodístico.

Y en su participación en la tercera Cumbre Ciudadana cuestionó que en el país estamos muy lejos de hacer justicia, porque sólo tres de cada 100 delitos son investigados, y le estamos dando la ventaja a la delincuencia.

Admitió que no se ha podido evitar la violencia de género, además de que en la campaña electoral prevalece la violencia selectiva contra periodistas, políticos, ministros de culto y defensores de derechos humanos.

Nos echamos para atrás

Lamentó que en casos como Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana y Baja California se ejercieron políticas de prevención, pero después nos echamos para atrás y no existe una efectiva estrategia de disuasión.

Ayer, en ese encuentro, Meade perdió el equilibrio al sentarse, y publicó un tuit con la imagen en la que se preguntaba ¿Qué título le pondrías a esta foto? El mismo candidato escribió: Cuando me dicen que Nestora (Salgado) va al Senado.

En otro mensaje en la misma red, insistió en sus críticas a Nestora y Napoleón Gómez Urrutia. Dijo. ¿Exagero? Nestora con apelaciones pendientes por secuestro y homicidio. Napoleón y sindicato deben 55 mdd a trabajadores por laudo laboral. CNTE inició paro en Oaxaca secuestrando la educación. Y (Andrés Manuel) López Obrador los premia con amnistía y asiento en el Senado.

Durante el foro, las organizaciones ciudadanas le pidieron una postura sobre la Ley de Seguridad Interior. Meade la defendió con el argumento de que hasta ahora se ha pedido a las fuerzas armadas intervenir en un papel para el que no están diseñadas ni preparadas, y que se norme su actuación es al menos un paso adelante.

La ley tiene valor, en el sentido que obliga a los estados a preparar un diagnóstico de seguridad con objeto de que los gobernadores y las legislaturas le den validez y soporten la solicitud de intervención de las fuerzas armadas, indicó.

Eso permite que las fuerzas armadas sepan, con consenso y legitimidad política, cuál es el modo, el tiempo y la circunstancia donde se espera que actúen en el territorio, y otorga al ciudadano absoluta claridad de qué exactamente puede esperar de militares y marinos, sostuvo.

Mientras que, expuso, con un marco jurídico imperfecto, no se evalúan las fallas de prevención, vulnerabilidad en el tráfico de armas y dinero, así como en investigación y capacidades.