omo parte de su campaña hacia Los Pinos, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que no habrá más privatizaciones en el país y a que la política de desmantelamiento de la infraestructura productiva del Estado, impuesta 36 años atrás, se irá al basurero de la historia, no sin antes advertir que se revisarán las concesiones y los contratos de privatización para saber dónde hubo irregularidades.

Excelente noticia, aunque a todas luces tardía, porque a estas alturas nada queda por privatizar, pues la venta de garaje, inaugurada en el arranque del sexenio de Miguel de la Madrid y mantenida hasta ahora, cerró sus puertas tras la reforma energética.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda (agosto de 2017), a estas alturas las entidades paraestatales de la administración pública federal suman 185 –incluidos los cascarones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE)–, aunque en su mayoría se trata de hospitales, institutos, comisiones, colegios, centros especializados, administraciones portuarias, fondos y fideicomisos que forman parte de la estructura operativa de las distintas dependencias del Ejecutivo.

Recuérdese que cuando Miguel de la Madrid se instaló en la residencia oficial, 36 años atrás, el censo de empresas paraestatales daba cuenta de mil 155, de las que 103 eran descentralizadas, 749 de participación mayoritaria, 80 de participación minoritaria y 223 fideicomisos. Diez años después el número había descendido a 235 y para 2017 a 185, aunque este último no incluye empresas del Estado, salvo Pemex y CFE.

La privatización arrasó, y en su mayoría las empresas otrora del Estado (especialmente las más valiosas y productivas) quedaron en manos de los mismos barones que hoy gritan a los cuatro vientos (ante la pasividad del Instituto Nacional Electoral) que ahí viene el ogro e invitan a sus trabajadores a no votar por el modelo populista, olvidando, por decirlo así, que si alguien se benefició del modelo populista fueron los propios barones o sus parentelas.

Lo anterior, porque no hay que olvidar que fue precisamente el modelo populista el que rescató de la quiebra a no pocos grandes consorcios (especialmente en los sexenios de Echeverría y López Portillo, aunque no fueron los únicos) que hoy defenestran ese modelo.

En este sentido, cómo olvidar el caso del Grupo Alfa, de Monterrey, cuya cabeza visible en aquel entonces era Bernardo Garza Sada, gran amigo de López Portillo, cuando en 1982, por instrucciones presidenciales, recibió un préstamo de Banobras por 17 mil millones de pesos (que nadie supo si pagó), con todo y que dicha institución bancaria –del gobierno– por ley no está destinado a rescatar empresas privadas. Treinta y seis años después se escucha a las cabezas visibles de dicho consorcio despotricar en contra del modelo populista.

Lo anterior significó miles y miles de millones de pesos del erario para salvar a los empresarios, y ejemplos sobran: estatización de grandes cadenas hoteleras, empresas mineras, fábricas de ropa y de bicicletas, aerolíneas, ingenios azucareros, bancos (aunque por otras razones), refresqueras, telefónicas, cabarés y cientos más, todas ellas rescatadas por el Estado, porque en ese entonces sus dueños eran amigos del régimen populista. Y en todos los casos el pretexto gubernamental fue el mismo: Mantener el empleo a toda costa.

La estatización de empresas privadas llegó a su fin en el sexenio de López Portillo, y 36 años después se escuchan las indignadas voces de muchos empresarios rescatados por el populismo (los originales, sus hijos o sus nietos, en algunos casos) que despotrican en contra del modelo del que sacaron raja, incluso para deshacerse de sus empresas mal manejadas y al borde de la quiebra. Total, el Estado pagaba. Y todavía se quejan de que les llamen minoría rapaz.

Pero fue el modelo privatizador el que en no pocas ocasiones regresó y/o entregó a esos mismos empresarios rescatados por el populismo los bienes de la nación a precios de ganga, de venta de garaje. Sin embargo, se cambió de modelo pero no de prácticas, porque los rescates y salvamentos se mantienen hasta la fecha (ahí está el reciente caso de ICA –constructora que nació bajo el amparo y los negocios privados del presidente Miguel Alemán Valdés– que con la gracia gubernamental utilizó el ahorro de los trabajadores en Pensionissste). Qué decir del rescate bancario.

Un caso ejemplifica la política de rescate del capital privado. En junio de 1988 Mexicana del Cobre, una de las empresas de Jorge Larrea Ortega (El Azote), padre del tóxico Germán Larrea (uno de los gritones en contra del modelo populista y ahora dedicado a inducir el voto de sus trabajadores, sin que el INE haga nada) fue rescatada por Nacional Financiera (el agente financiero del gobierno federal) por malos manejos administrativos (los pasivos sumaban mil 360 millones de dólares); Larrea se declaró insolvente para continuar en posesión del consorcio, y Nafin entró al quite (obviamente con dineros de la nación).

Cinco meses y muchos millones de dólares después, Jorge Larrea recuperó Mexicana del Cobre. El dinero lo aportó el erario, y la empresa y las ganancias se las quedó el magnate. Pero no quedó ahí: en agosto de 1990, El Azote obtuvo, a precio de ganga, la histórica Compañía Minera de Cananea y sólo pagó –si en realidad lo hizo– 475 millones de dólares, la mitad de lo que ofrecía el grupo Protexa de Monterrey. A partir de entonces, los Larrea acaparan 90 por ciento de la producción de cobre en el país y algo así como 6 por ciento de la producción mundial, sin mayor beneficio para el país.

Entonces, el modelo populista murió, bajo la consigna (Miguel de la Madrid dixit) de que, con la reordenación de las empresas propiedad de la nación, se tendría un Estado fuerte y eficiente, no un Estado obeso e incapaz. Además, era necesario liberar recursos del Estado para dar prioridad al desarrollo, atender a la población de menores ingresos, combatir las urgencias sociales y elevar el nivel de bienestar de los mexicanos.

A la vuelta de 36 años, los únicos ganones han sido los barones, mientras el desarrollo se mantiene prófugo, el bienestar de los mexicanos en el suelo y el Estado al servicio del capital privado.

Las rebanadas del pastel

Para documentar el optimismo: dólar a 20 pesitos en Banamex, 20.10 en Banorte, 20.13 en Bancomer y 20.28 en CI Bank.

Twitter: @cafevega

D.R. cfvmexico_sa@hotmail.com