Las organizaciones no gubernamentales (Ong) que conforman el colectivo #GobiernoEspía, informaron que un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) admitir las pruebas y argumentos presentados por las personas que han denunciado haber sido víctimas de espionaje federal a través del programa para intervenir teléfonos inteligentes, conocido como Pegasus.

Indicaron que el juez del sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Federal en Ciudad de México, determinó revocar la negativa de la PGR para admitir dichas pruebas, las cuales son conducentes para el desarrollo de la investigación.

Con esta resolución, la dependencia deberá pedir información a distintas instancias gubernamentales y recabar entre instituciones del Estado información relacionada con la contratación del programa y quiénes intervinieron en el espionaje contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos que se denunció hace casi un año.

Desde el momento en el que se presentó la denuncia, las víctimas del espionaje advertíamos sobre la falta de capacidad y voluntad de la PGR para investigarse a sí misma, por lo que se exigió incorporar un panel de expertas y expertos independientes que brinde asistencia técnica internacional y garantías mínimas de autonomía e independencia, lo que a la fecha no ha ocurrido, señalaron.

Las Ong –entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Red en Defensa de los Derechos Digitales– recordaron que a casi un año de que se hiciera público el espionaje y las denuncias contra éste, de aproximadamente 70 pruebas ofrecidas por la defensa de las víctimas la PGR ha desahogado sólo nueve, mientras que 49 se han negado de manera expresa.

“La negativa a desahogar dichas pruebas muestra la falta de debida diligencia con la que se conduce la PGR en la investigación de gobierno espía. En la audiencia que se efectuó el pasado 21 de mayo, se constató nuevamente que el software Pegasus, comercializado por NSO a gobiernos, fue adquirido al menos por la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, por lo que el juez señaló que la línea de investigación debe centrarse en su adquisición y posterior uso ilegal por parte de esta instancia”.

Agregaron que el juez reconoció el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la obligación de la procuraduría de conducirse con debida diligencia, al señalar que no debe trasladarse la carga de la prueba a los agraviados. Por eso, exigieron una vez más la incorporación del grupo de expertos independientes para garantizar la solidez e imparcialidad técnica en las indagatorias.