l candidato presidencial del Partido Re­volucionario Institucional (PRI), en el segundo debate para ese cargo, colocó una estocada, según la intención de sus asesores, en su inalcanzable contrincante Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Después de leer una nota extraída de un expediente penal, afirmó: “Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena, una secuestradora, que está libre por una falla de la policía… Esto, Andrés Manuel, quedará en tu conciencia”. La nota que leyó Meade con la acusación a Nestora es, en efecto, parte de un proceso penal, pero lo que cuenta es el reconocimiento, mediante sentencia, de que no se probó tal delito. Se trató de la apertura de un capítulo más de la guerra sucia, pero no sólo eso. Sin duda lanzará otros el recién nombrado dirigente nacional del PRI oriundo, como Nestora, del estado de Guerrero, pero con trayectorias radicalmente opuestas. Los días posteriores Nestora acusó a José Antonio Meade, en la vía civil, por daño moral. También ha denunciado que el PRI está utilizando como moneda de cambio órdenes de aprehensión de alrededor de 75 policías comunitarios, incluidos 25 presos políticos.

Se presiona a las familias completas, porque están queriendo negociar órdenes de libertad a cambio del voto. También la han defendido el propio AMLO, quien reiteró la legalidad de esa postulación en favor de la ex comandante de la policía comunitaria y recordó que él mismo ha sido perseguido con anterioridad. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló por su parte que Nestora cumplió todos los requisitos para su registro.

Múltiples sectores se han expresado: los abogados de la comandante en Olinalá, la propia Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), han señalado lo obvio: Nestora fue absuelta del delito de se­cuestro y fue liberada el 18 de marzo de 2016 tras permanecer 31 meses presa, primero en un penal de alta seguridad en Nayarit y los últimos meses en el Femenil de Tepepan hoy Ciudad de México.

Una evidencia de cómo se venía fraguando este golpe, es que horas después del segundo debate, se dio a conocer que desde el mes pasado la primera y cuarta salas penales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Guerrero admitieron cinco de seis apelaciones que presentó la Fiscalía General del Estado (FGE) en 2016 contra los autos de libertad por falta de elementos para procesar, que se emitieron en favor. Dos años después pretenden reabrir los procesos para inhabilitar a Nestora, cuestión bastante difícil, no sólo por la ausencia de evidencias; además, ella realizó actos de autoridad como comandante de la policía comunitaria, conforme a la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas, que establece que el estado de Guerrero reconoce la existencia del sistema de justicia indígena de la Costa-Montaña y al Consejo Regional de Autoridades Comunitarias para todos los efectos legales a que haya lugar.

Pese a todas las evidencias en favor de Nestora Salgado, el espacio en que Meade dio su golpe, con una audiencia de más de 12 millones de personas, sin duda impactó a muchos sectores ajenos al contexto y cercanos a un fenómeno que como el del secuestro, preocupa a la ciudadanía. con lo cual también el PRI se sentirá satisfecho. Por ello es urgente que se amplíe la campaña de defensa, pues esta noticia ha ocupado un espacio que se requeriría para abordar los graves problemas nacionales, ausentes, por cierto, en los debates. Su posdebate se convirtió en un aparente respiro para el PRI; cínicamente el propio Meade aclaró: mi pleito es con AMLO. Así es, pero tampoco se puede hacer caso omiso a los sectores guerrerenses interesados en golpear a Nestora y a la CRAC. Los mismos que promovieron su reclusión en la cárcel, no olvidemos la escalada de violencia en Guerrero y los asesinatos de aspirantes a diputados locales, presidentes municipales y legisladores. Tan sólo durante la reciente campaña de 2018 han asesinado a 36 aspirantes, ocho de ellos ya candidatos, cinco eran precandidatos y 23 aspirantes.

Sigue vigente lo que afirmó Nestora cuatro días antes de su liberación, en el artículo Nací para ser libre, publicado por Tlachinollan, en el que describe la desviación de poder ejercida en su contra: “Lo paradójico de la militarización que se dio en Guerrero como estrategia de contrainsurgencia es que el uso de la fuerza se impone por encima de la ley y pisoteando los derechos humanos. Además, esta acción bélica se vuelve permisiva contra los grupos que delinquen porque les resultan funcionales en su estrategia, son parte de los grupos irregulares que son utilizados por las autoridades militares para realizar el trabajo sucio contra los enemigos del régimen […]”.

En efecto, Nestora fue el medio del PRI para golpear a AMLO, pero en Guerrero, para la delincuencia y complicidades organizadas golpear a Nestora y a la CRAC es un fin.