ue exista la corrupción no es novedad. Que emane del gobierno tampoco. Que la haya en el sector privado es también sabido. Igual lo es que en muchas ocasiones se combinen.

Sin embargo, todo esto no tiene por qué obviarse. No tendría que volverse un asunto de costumbre. No debería considerarse como un hecho determinado culturalmente, o bien, un rasgo propio de la naturaleza humana como los filósofos consideraron alguna vez a la división del trabajo. Y aun no hay una secuencia genética que demuestre que tiene ese origen.

No es un mero inconveniente con el que hay que convivir y también callar. Considerarlo no es un síntoma de un moralismo trasnochado y, entonces, relegarlo a las notas de las páginas financieras o a las reseñas de sociedad de los periódicos o noticiarios.

En España explotó finalmente la investigación judicial de la extendida corrupción practicada por el Partido Popular, el que hoy gobierna ese país. La trama Gürtel tiene antecedentes en la administración de ese partido entre 1996-2004 y se volvió explosiva en la actual que empezó en 2011.

La corrupción no está sólo asociada con ese partido, y los casos judiciales son conocidos. Pero la envergadura de lo que hoy ocurre puede medirse por las penas impuestas a los participantes por la Audiencia Nacional. Las condenas a los 29 procesados suman 351 años de cárcel.

La mayor de ellas fue de 51 años para el empresario que armó la red de operaciones ilícitas; un ex alcalde recibió 38 años, un ex secretario de organización en una de las comunidades, 37, y el poderoso ex tesorero del partido, 31 años. De ahí para atrás.

El diario El País reportó hace unos días una investigación realizada con un grupo de expertos sobre los principales escándalos de corrupción en España. Afirma que desde el inicio de este siglo ha habido más de 2 mil casos, entre ellos, unos son paradigmáticos por la complejidad de las componendas y la participación de altos responsables del gobierno.

El llamado caso Gürtel es el que ha sido recientemente juzgado y sentenciado, fue considerado por ese grupo conforme a cuatro criterios básicos: el grado de sofisticación, que incluye la creación de un sistema para replicar las operaciones, la cantidad de dinero involucrada, el nivel de responsabilidad política de los participantes y el perjuicio político provocado.

El entramado de este caso de corrupción es realmente llamativo y los es, igualmente, su duración y la forma en la que penetró la estructura del Partido Popular. Se antojaría leerlo en una reseña novelada a la manera de escritores como Petros Márkaris, Phillip Kerr o bien el mismo Le Carré. Pero el hecho es que no se trata de la promoción de alguna editorial ni de éxitos de ventas en la librerías. Aquí la realidad, como se dice, va más allá de la ficción.

La corrupción es actualmente una manera primordial de la actividad política y de un sistema de transacciones entre empresas reales o fantasmas, bancos y otras entidades financieras con mecanismos altamente sofisticados.

Es un fenómeno social que claramente no es nuevo, pero sí cada vez más extendido, facilitado por la expansión de las relaciones globales de los movimientos de capitales. Las autoridades responsables de la vigilancia y control de tales operaciones van a la zaga. Se necesitan los medios para identificar la corrupción y combatirla, pero, sin duda, se requiere también de voluntad política y, sobre todo, legal para hacerlo.

Esto último es, tal vez, lo que llama la atención del caso Gürtel luego de años de investigaciones y procesos judiciales con muchas aristas que ya se han desvelado y otras que seguramente aparecerán después.

El caso Gürtel, así conocido por ser la traducción al alemán del apellido de quien armó la trama, Rafael Correa –otro elemento apto para una novela negra– involucra, según la información de 16 casos de corrupción preparada por El Periódico de Cataluña, unos 860 millones de euros que al tipo de cambio actual son casi 23 mil millones de pesos o mil 150 millones de dólares, en un periodo de 21 años, es decir, alrededor de 55 millones de dólares en promedio anual.

Aún falta la conclusión de la Operación Púnica, otra trama multimillonaria así conocida por estar centrada en el expolítico del PP de Madrid, Francisco Granados, cuyo nombre se asocia al árbol del granado que en latín es púnica granatum; otro elemento con sabor literario.

Es mucho dinero y sirve como rasero para calibrar los montos asociados con la corrupción en otras partes del mundo. Uno es muy sabido, se estima que la empresa constructora Odebrecht gasto 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África. Las repercusiones del caso ya provocaron reacciones relevantes en algunos de esos países.

Hay pues, un entramado de corrupción que parece ser connatural al sistema económico y político de alcance global. La caída del comunismo en Europa oriental provocó un estallido de corrupción y la generación de los ya famosos oligarcas de esa región que se apropiaron como ladrones en despoblado de los activos públicos.

El menú de formas de corrupción es grande y sigue ampliándose; es una actividad altamente productiva y la verdad es que para muchos sigue siendo poco riesgosa. Está a la vista de todos, pero no siempre de quienes tienen que aplicar la ley.