La Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas y Cometidas por Particulares difícilmente va a dar los resultados que los familiares de las víctimas esperan de ella, puesto que las autoridades del país no tienen voluntad política real para combatir ese crimen, y por ello no destinan recursos suficientes para ello, afirmó Nadín Reyes, coordinadora del comité Hasta Encontrarlos.

En el contexto de las actividades de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, la activista manifestó su falta de confianza ante la mencionada norma, por considerar que el Estado mexicano no tiene en realidad ninguna intención de que funcione.

Lo vemos muy poco probable. Hemos sido muy críticos de la ley porque se creó con muchas deficiencias. Creemos, sí, en que es una herramienta para seguir exigiendo, pero si somos realistas, vemos que no hay voluntad política para de verdad hacer las cosas como se tienen que hacer, indicó Reyes al término de una rueda de prensa en la Casa de la Memoria Indómita.

Una circunstancia que deja ver la falta de voluntad de que la norma opere, añadió, es que las autoridades no dan recursos económicos ni humanos suficientes a los organismos dedicados a combatirla. Si así no se ha logrado nada, con recursos limitados y sin jueces independientes, será aún más difícil, apuntó.

Pese a ello, la activista –hija del luchador social Edmundo Reyes Amaya, quien fue desaparecido por fuerzas policiacas y militares en mayo de 2007, junto con Gabriel Alberto Cruz Sánchez– consideró que los familiares pueden usar la Ley como una herramienta para arrancarle al Estado algunas de sus exigencias en la búsqueda de la verdad y la justicia.