Los Ángeles

Los líderes de la conocida pandilla de pandillas, la Mexican Mafia, fueron acusados el miércoles de dirigir un operativo similar al del gobierno para controlar el tráfico de drogas al interior de las cárceles del condado de Los Ángeles, lo que incluye ordenar ataques en contra de aquellos que no obedecían sus órdenes.

La fiscalía federal presentó cargos contra 83 personas por crimen organizado y alegó que trafican drogas y llevan a cabo ataques y asesinatos.

Estos casos han dado un gran golpe a la Mexican Mafia y a los líderes de varias pandillas callejeras que están bajo el control de la organización, dijo el fiscal federal Nick Hanna. Al retirar a los miembros de la pandilla que controlan las cárceles y al interrumpir su red de comunicaciones, socavamos la capacidad de la Mexican Mafia para coordinar la actividad callejera.

La pandilla, una organización de líderes latinoamericanos encarcelados que controlaban operativos dentro y fuera de las prisiones de California, era capaz de regular el contrabando y venta de drogas y la extorsión desde el interior del sistema penitenciario más grande del país.

Las imputaciones detallaron cómo la pandilla de pandillas se originó en Los Ángeles en la década de 1950 dentro de una correccional de menores y se convirtió en una organización criminal internacional que tenía un sistema metódico para comunicarse tras las rejas, controlar el territorio de la pandilla y cobrar impuestos por ventas de droga mediante la extorsión.

Esos integrantes y asociados de la Mexican Mafia, que trabajan juntos para controlar la actividad criminal en las cárceles del condado de Los Ángeles, se han convertido en su propia entidad o empresa y funcionan efectivamente como un gobierno ilegal, indicó la imputación.

Se requería que se vendieran primero las drogas que ingresaban a la prisión los intermediarios del líder de la Mexican Mafia, y que dicho líder se quedara con las ganancias. Los otros grupos que traficaban las drogas, tenían que entregar un tercio de su ganancia al liderazgo de la pandilla.

La cuota, conocida como un impuesto de terceros, dio el nombre de Operación Sucia de Terceros, a la investigación que condujo a las imputaciones y al arresto de 32 personas el miércoles. Otros 35 acusados se encuentran bajo custodia de las autoridades y 16 más están prófugos.