El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) le ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que entregue la versión pública de los expedientes de los militares Francisco Quirós Hermosillo y Mario Acosta Chaparro, señalados como responsables de diversas atrocidades durante la llamada guerra sucia.

En la sesión de este miércoles, se expuso que un particular solicitó los expedientes personales íntegros de ambos elementos, pero la Sedena se negó a entregarlos con el argumento de que la información era reservada y confidencial, pues difundirla podía comprometer la seguridad del Estado mexicano.

El solicitante se inconformó con la respuesta del sujeto obligado, alegando que los datos se vinculan con personas involucradas en violaciones graves a los derechos humanos, pero la Sedena reiteró el sentido de su contestación durante la fase de alegatos.

Al estudiar el tema, el comisionado Joel Salas Suárez consideró que la clasificación y reserva de la información requerida es procedente, pues está relacionada con la seguridad nacional, pero al mismo tiempo subrayó que lo anterior sólo es válido en lo que se refiere a aspectos como el nombre del personal militar y la descripción de sus actividades.

De igual forma, recordó que tanto Quirós como Acosta fueron acusados de cometer asesinatos, torturas y desaparición de cadáveres en el estado de Guerrero durante el periodo conocido como guerra sucia, además de haber brindado protección a grupos de narcotraficantes.

Aunque se les juzgó por ambos asuntos en 2002, sólo fueron condenados por este último. Sin embargo, tres años después un Tribunal Federal revocó las sentencias de ambos y ordenó reponer los juicios.

Salas enfatizó que “comprender los casos de violaciones graves a los derechos humanos durante la ‘guerra sucia’ y la responsabilidad del Estado en ellas, abona a la construcción de la memoria nacional”, por lo que consideró que los mexicanos debemos conocer los episodios oscuros de nuestra historia para evitar su repetición.

Por todo ello, propuso modificar la respuesta de la Sedena en este caso e instruirla a dar la información que se le había solicitado. El proyecto fue aprobado por unanimidad.