Con 43.6 por ciento de la población en pobreza en el país, todos los partidos políticos en los estados que gobiernan hacen compra y coacción del voto, el cual se cotiza entre 500 y 5 mil pesos, señaló Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP).

Entre más se acerque el día de la elección se intensificará este proceso con la dotación de insumos como despensas y tinacos, o con el condicionamiento de la entrega de recursos de los programas sociales, lo cual se ha reportado en 25 entidades, entre ellas Ciudad de México y Veracruz.

En las semanas previas a la jornada electoral se verá terrorismo electoral, que consiste en mecanismos de intimidación, amenazas de balaceras, envío de animales muertos afuera de las casas de funcionarios de casilla o la recolección de credenciales de elector para evitar que la gente vote, manifestó en conferencia de prensa Alberto Serdán, coordinador de ACFP, integrada por 60 organizaciones.

El gobierno federal, mediante el rubro de materiales y suministros, ejerció en el primer trimestre del año 87 mil 113 millones de pesos, 38 por ciento más que en igual periodo de 2017. En total, en las delegaciones de las secretarías de Agricultura, de Economía, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Medio Ambiente, de Desarrolo Social y de Turismo, así como de la Procuraduría General de la Repúblicva, el presupuesto ejercido fue de 71 por ciento más, lo cual resulta sospechoso.

Se utilizan todos los programas sociales, federales y estatales, con reglas de operación o sin ellas. Hay casos, como el de Morelos, donde existen 53 acciones pero ninguna aparece en la cuenta pública local. En Chiapas hay 46 programas y en Veracruz 31, pero carecen de reglas de operación y padrones de beneficiarios.

Al presentar los resultados preliminares de señalamientos ciudadanos en las entidades presentados en la página de Internet democraciasinpobreza.mx, señaló que de abril a la fecha se presentaron 151 reportes de coacción del voto y uso de programas sociales en favor de un candidato en 25 estados, de los cuales 41 por ciento corresponde a la entrega de diferentes artículos, como despensas; 36 por ciento se refieren al condicionamiento para recibir los beneficios de un programa social, en particular Prospera, y 18 por ciento por la entrega de dinero en efectivo.

Serdán destacó que en los reportes refieren la participación de todos los partidos y lo que se paga a la gente por su voto varía. En Ciudad de México el precio va de 200 a 2 mil 500 pesos, y en el estado de México llega hasta 5 mil pesos. Precisó que esto no ayuda a superar la pobreza, además de ser actos inmorales e ilegales.

Explicó que la información también se obtuvo de la bitácora cotidiana de noticias de medios locales y nacionales, en la cual se han encontrado mil 613 noticias que dan cuenta de las acciones de compra y coacción del voto.

Destacó que esto se da en un contexto de debilitamiento de las instituciones, sumado a que el subsecretario de Desarrollo Social, que tiene a su cargo la operación de los programas sociales, es Arturo Osornio, quien fue delegado del PRI en Oaxaca, y el coordinador de delegaciones de esa secretaría es Antonio Amaro, ex coordinador de delegados del PRI en el mismo estado.