El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) trabaja en la elaboración –junto con académicos y organizaciones de la sociedad civil– diversas iniciativas legales para limitar la opacidad y discrecionalidad del gobierno, en aspectos como la asignación de contratos públicos y la utilización del llamado Ramo 23.

En entrevista con La Jornada, Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del CPC, recordó que una de las propuestas vertidas por el organismo en su sesión pública del pasado 16 de mayo fue crear un grupo de trabajo que formule un proyecto de ley en materia de contrataciones públicas, cuyo objetivo es evitar que continúen ocurriendo malos manejos y actos de corrupción en este ámbito.

Tenemos que coordinarnos con personas expertas en la materia, con organizaciones de la sociedad civil y académicas, para presentar propuestas que nos lleven a tener una sola ley de contrataciones del gobierno federal, porque actualmente tenemos dos: la de obras y la de servicios, y en ellas hay inconsistencias, incompatibilidades y rezagos, indicó.

Una de las principales metas de la propuesta de ley es eliminar la participación de empresas fantasma en todos los procesos de adjudicación de contratos para realización de obra pública, y evitar que organismos públicos como las universidades sirvan como pantalla para canalizar recursos a compañías que, en el mejor de los casos, no tienen la capacidad de realizar los trabajos encomendados.

Entre los expertos que participan en esta labor se encuentran Max Kaiser, especialista en temas anticorrupción, y Octavio López Presa, integrante del CPC, además de conocedores del tema de organizaciones académicas.

Con respecto a la utilización discrecional de recursos al amparo del llamado Ramo 23, la propuesta es reformar el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para evitar la erogación de recursos que no estén plasmados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y no cuenten con la aprobación del Poder Legislativo.

“La ‘caja chica’ del gobierno no es tan chica. En proporción con el presupuesto federal se ve pequeña, pero vista en forma autónoma, sirve para manejar cantidades tremendas. Hay un efecto pernicioso, porque la Federación sabe que puede servir como un elemento de control cuando tiene ingresos mayores a los previstos y los canaliza libremente”, lo cual va en contra de lo que establece la Constitución, afirmó.