a detención ayer en España de Eduardo Zaplana, ex presidente de la Comunidad Valenciana y ex ministro del Trabajo durante la administración de José María Aznar (1996-2004) y de otros tres ex funcionarios del gobernante Partido Popular (PP), todos ellos acusados por delitos como lavado de dinero, falsificación, cohecho y prevaricación, constituye una prueba más de la descomposición imperante en la clase política española y, en particular, de la formación de derecha que encabeza el actual presidente de gobierno, Mariano Rajoy.
Con Zaplana son ya seis los ex ministros del PP imputados por cargos penales y, algunos de ellos, encarcelados: Alberto Ruiz-Gallardón, quien fungiera como ministro de Justicia en el gobierno de Rajoy y, antes, como presidente de la Comunidad de Madrid y como alcalde de la capital española; el ex ministro de Economía, vicepresidente de España y director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato; Ángel Acebes, ex ministro de Administraciones Públicas, Justicia e Interior; Ana Mato, quien fue ministra de Sanidad del actual presidente, procesada en el contexto de la llamada trama Gürtel. Adicionalmente, varios ex titulares de comunidades autonómicas pertenecientes a ese partido han enfrentado acusaciones judiciales por cohecho, falsificación, fraude o desvíos de fondos, como Cristina Cifuentes e Ignacio González (Madrid), y José Luis Olivas y Francisco Camps (Valencia). Por añadidura, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha ido de juzgado en juzgado por múltiples acusaciones de corrupción, y decenas de militantes de ese partido que ocuparon cargos menores (en congresos locales y ayuntamientos) y empresarios cercanos a él han debido enfrentar acusaciones por malos manejos de fondos públicos, recepción o entrega de sobornos, desvío de recursos y financiamientos ilegales de partidos políticos.
Las acusaciones formales por corrupción no son, por lo demás, exclusivas del partido gobernante; el Socialista Obrero Español ha visto a no pocos de sus militantes en el banquillo de los acusados y políticos de diversas formaciones regionales y nacionalistas (particularmente, catalanas y vascas) han sido imputados por esa clase de delitos. Los escándalos por malos manejos de dinero no han dejado indemne ni siquiera a la Corona: Iñaki Urdangarin, cuñado del rey Felipe VI y sentenciado en primera instancia a seis años de cárcel por prevaricación, fraude, tráfico de influencias y desvío de recursos.
Aunque la corrupción en España ha sido endémica e histórica –son paradigmáticos el reinado de Felipe III, en el siglo XVII, y la regencia de María Cristina de Borbón, en el XIX–, el periodo neoliberal, con su cauda de privatizaciones y concesiones, la ha agudizado y extendido a grados sin precedente y el imperio de la economía globalizada la ha conectado con prácticas similares en otros países. Es significativo, por ejemplo, que la empresa constructora española OHL enfrente señalamientos por corrupción tanto en su país de origen como en México. Finalmente, la creciente e innegable descomposición que afecta a la clase política peninsular podría ser un síntoma adicional del agotamiento del modelo institucional surgido de la transición posfranquista. Por esa y por muchas otras razones, el Estado español debe reinventarse.
