Durante la audiencia del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, sus abogados señalaron ante el juez de control de Ciudad de México que hay datos de prueba que evidencian la mala fe de la Fiscalía General del Estado de Veracruz en la investigación contra su cliente, ya que, dijeron, detectaron documentos apócrifos para acusarlo de peculado.

Entre otros aspectos, las autoridades de Veracruz acusan a Duarte de ordenar una transferencia de 220 millones de pesos de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz a una cuenta de la Secretaría de Finanzas y Planeación, pese a que eran recursos etiquetados para otros fines.

Para la defensa del ex gobernador, en los hechos que se señalan en los procesos penales 38/2017 y 56/2017 existen oficios con pruebas falsas, entre ellas, la firma del ex secretario de Finanzas y Planeación veracruzano durante la administración de Javier Duarte, Mauricio Martín Audirac Murillo, a quien se involucra en la triangulación de recursos, al ordenar ilegalmente el desvío de dinero a modo de préstamo, recursos de los cuales se desconoce su paradero.

El año pasado, la misma fiscalía estatal señaló a Audirac Murillo de desviar 2 mil 300 millones de pesos destinados a los programas Aportación Solidaria, Seguro Popular y Oportunidades, así como de haber incurrido en el delito de coalición, en agravio del servicio público, al ordenar 23 transferencias bancarias del Régimen de Protección Social en Salud a cuentas del gobierno de Veracruz.

Esperaba más

Este fin de semana continuó la audiencia inicial contra Duarte en salas del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, donde agentes del Ministerio Público respondieron a la defensa de Duarte que sus argumentos eran incorrectos, ya que si se hubiera tomado la precaución y checado cuidadosamente la carpeta de investigación, se darían cuenta de que todo está documentado con entrevistas públicas de Audirac en las que sostiene que el ex mandatario lo instruyó personalmente para hacer las transferencias; también mencionaron informes de la Auditoría Superior de la Federación que detectaron irregularidades en aquel estado durante la administración de Duarte.

Antes de concluir la audiencia, el juez de control agregó que los fiscales de Ciudad de México aportaron las pruebas suficientes para vincularlo a proceso por peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal, tres de los siete delitos que le imputó la Fiscalía General de aquella entidad.

Ahora, sus abogados tendrán medio año para recabar datos de pruebas y resolver la situación jurídica del acusado.

Para Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, quien encabeza la defensa legal, les fue bien, porque se reduce en 70 por ciento la carga de trabajo e imputaciones que tenemos que resolver. Lo que sigue es una etapa de investigación complementaria de seis meses. Estamos ciertos de que las imputaciones no deben prosperar. Él esperaba un resultado más favorecedor pero está optimista.