n un comunicado de prensa emitido ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que no reconoce la legitimidad del proceso electoral realizado el domingo 20 de mayo en Venezuela, que culminó con la relección del presidente Nicolás Maduro, pues el proceso en mención no cumple con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente. En consecuencia, determinó llamar a consultas a la embajadora mexicana en Caracas, comunicar tal posición a la representante venezolana en nuestro país, emitir una alerta para los sectores financiero y bancario mexicanos sobre el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela que no cuenten con el aval de la Asamblea Nacional (en pugna con los otros poderes de ese país), incluyendo convenios de pagos y créditos recíprocos por operaciones de comercio exterior, reducir al mínimo las actividades culturales y de cooperación bilateral, incluida la militar, y suspender hasta nuevo aviso las visitas de alto nivel a Venezuela. Asimismo, la cancillería comunicó que “seguirá buscando (…) contribuir a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos y la plena vigencia del estado de derecho” en la nación sudamericana.

Es pertinente recordar que los comicios presidenciales del domingo anterior en ese país fueron boicoteados por la mayor parte de la oposición, lo que derivó en un triunfo aplastante de Maduro y en cuestionamientos internos y externos sobre la legitimidad de la elección. Pero, independientemente de lo que se piense y diga sobre tal proceso, la decisión de la SRE de desconocer la consulta ciudadana en el país sudamericano constituye un atropello a los principios diplomáticos mexicanos y ejemplifica los alarmantes desvíos de los gobiernos recientes con respecto de los pilares de una política exterior que fue ejemplo y punto de referencia para la comunidad internacional y significó, para México, un poderoso instrumento de defensa de la soberanía nacional.

La llamada Doctrina Estrada, que hasta el sexenio de Vicente Fox guió las determinaciones de la diplomacia nacional, establece con claridad: México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimiento, porque considera que esta es una práctica degradante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados, en cualquier sentido, por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros, por lo que el gobierno nacional se limitará “a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar, ni precipitadamente, ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”.

A la imprudencia de no reconocer la legitimidad de la elección venezolana deben agregarse la desafortunada alineación de la diplomacia nacional con los designios belicistas e injerencistas del gobierno de Donald Trump hacia Venezuela –que difícilmente podrían compaginar con el propósito de contribuir a una solución pacífica para la crisis de la nación sudamericana– y la torpeza de sumar a México a un conjunto de aliados de Washington que buscan deponer al actual gobierno venezolano por medio de un bloqueo económico, presentado en forma eufemística como medidas políticas y económico-financieras, en una declaración conjunta emitida por los gobiernos de Argentina, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos y, lamentablemente, el de nuestro país.

Por lo demás, hay una preocupante incongruencia entre el hecho de oponerse en los foros internacionales al bloqueo que Estados Unidos mantiene contra Cuba y participar en la construcción de un cerco semejante en contra de Venezuela. Más allá de la polémica sobre la crítica circunstancia política por la que atraviesa esa nación, e independientemente de simpatías o antipatías hacia el régimen de Maduro, los extravíos de la cancillería mexicana en esta materia resultan lesivos para nuestro país. Es necesario volver a los principios diplomáticos que hasta hace unas décadas colocaron a México como actor ejemplar y prestigioso en el concierto de las naciones.