Tres agremiados a la Asamblea General de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, fundada hace 15 años y con 500 afiliados en 20 dependencias de la administración capitalina, iniciaron una huelga de hambre en el jardín de bolsillo del Zócalo, en demanda de la reinstalación de cuatro despedidos, el pago retenido a 18 trabajadores, basificación de otros 30, el pago de laudos firmes a 60 y renivelación salarial.

En conferencia de prensa, explicaron que desde el primero de abril a 18 trabajadores de diversas dependencias del gobierno local se les ha retenido el salario sin explicación o justificación alguna.

En respuesta, la Subsecretaría de Administración y Capital Humano, de la Secretaría de Finanzas, responsable del manejo del Sistema Único de Nómina, les informó que la retención salarial ha sido un movimiento generado en las dependencias donde están adscritos los trabajadores.

Por separado, el diputado de Morena José Alfonso Suárez del Real solicitó a dicha dependencia la restitución del derecho al trabajo de los 18 trabajadores afectados por las políticas laborales del gobierno capitalino.

Recordó que la Ley del Trabajo establece que el derecho a percibir el salario es irrenunciable y que no se puede negar el salario a los trabajadores sin alguna excusa válida.

Tras agotar todas las instancias, Gabriel Ponce Morales, trabajador de base de la Agencia de Gestión Urbana; Adriana Magdalena Ibáñez Medina, de la delegación Iztapalapa, y Brenda Adriana Vázquez Castañeda, trabajadora del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, iniciaron ayer la huelga de hambre.

Los afectados explicaron que hay despedidos no sólo en las instancias mencionadas, sino en las delegaciones Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, a pesar de que algunos tienen más de 20 años de antigüedad laboral.

Entre otros señalamientos expusieron que el gobierno local gasta millones de pesos en juicios laborales que de antemano sabe que tiene perdidos, y cuando los trabajadores les ganan en esos juicios asume una actitud retardataria para evadir su responsabilidad. Detallaron que esta administración arrastra más de 5 mil 700 laudos laborales, que se niegan a cumplir.

Los trabajadores denunciaron que los despidos son en represalia por defender sus derechos laborales.