Santa Fe.

La justicia comenzó a interrogar este sábado al adolescente de 17 años que mató a 10 personas el viernes pasado en su secundaria de Santa Fe, Texas. Se trata de la matanza más reciente con armas de fuego ocurrida en un centro educativo en Estados Unidos.

Dimitrios Pagourtzis apareció esposado, con la cabeza baja y respondiendo simplemente sí, señor, no, señor, a las preguntas de un juez sobre cuestiones procedimentales.

Fue acusado de asesinato, crimen por el que podría ser condenado a pena de muerte.

Anotaciones en los diarios del atacante, obtenidos de su computadora y teléfono, sugerían que quería suicidarse tras cometer los crímenes, pero se entregó, informó a la prensa el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott.

Un estudiante indicó a una cadena de televisión local que Pagourtzis, jugador de futbol americano, era víctima de acoso: Los entrenadores lo acosaban e insultaban. Otras fuentes locales dijeron que el tirador perdonó la vida a compañeros suyos que le caían bien.

Según las autoridades, el joven había publicado hace poco en Facebook la imagen de una camiseta con la leyenda Nacido para matar. Abbott señaló que no hubo verdaderas señales que indicaran que pasaría a la acción.

Cientos de personas se reunieron para orar por las víctimas.

La embajada de Pakistán en Washington informó que un ciudadano suyo que se encontraba de intercambio escolar está entre los muertos.

Según medios locales, de los fallecidos al menos seis eran alumnos y uno auxiliar del liceo.

El modus operandi, el perfil del atacante y las imágenes de los adolescentes huyendo de la escuela mostradas por la televisión dejan un aire de deja vu en esta nueva masacre.

A principios de año, un tiroteo en una secundaria de Florida dejó 17 muertos y reavivó el debate sobre el acceso a armas.

Según el diario Washington Post, ha habido más muertos en centros escolares estadunidenses desde el comienzo de 2018 que entre integrantes de las fuerzas armadas.

Más de un millón de personas, principalmente jóvenes, se manifestaron a finales de marzo pasado en todo Estados Unidos, en la llamada Marcha por nuestras vidas, sin que hasta el momento la clase política haya legislado al respecto.