En el cumplimiento de las directrices emitidas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) para fortalecer la educación de niños y adolescentes jornaleros agrícolas migrantes e indígenas, y la formación inicial de docentes, el esfuerzo realizado por las autoridades educativas ha sido insuficiente para atender los rezagos y vacíos que enfrentan los grupos de mayor vulnerabilidad social.

Entre las deficiencias detectadas en un informe de seguimiento a su implementación tanto por la Secretaría de Educación Pública (SEP) como por las entidades, se destaca la falta de articulación de acciones entre autoridades federales y locales, nulo incremento de presupuesto y un mayor énfasis en cumplir determinados ejes de las directrices frente a otros que representan mayores desafíos.

Si bien el reporte, difundido en el documento La educación obligatoria en México. Informe 2018, reconoce que hay una aceptación casi unánime de las recomendaciones emitidas por el organismo autónomo, el proceso de implementación es más complejo.

En el caso de las Directrices para mejorar la formación inicial de los docentes de educación básica, se detectó que si bien la SEP dio respuesta a los planteamientos propuestos por el INEE –como fortalecer la organización académica de las escuelas normales, desarrollar un marco común de educación superior para la formación inicial de maestros, crear un sistema nacional de información y otro de evaluación de la oferta para formar docentes– los compromisos no se habían concretado en acciones específicas y sistemáticas para su atención.

Destaca que fue hasta julio de 2017 cuando la SEP presentó su Estrategia para el Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales, que integra sólo algunos de los planteamientos propuestos en las directrices, por lo que existen ámbitos de intervención muy relevantes que no han sido suficientemente atendidos.

Respecto a la aplicación de las Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes, publicadas en agosto de 2016, si bien la respuesta de la dependencia federal fue en términos generales positiva, aceptó con reservas algunas de ellas.

De acuerdo con el análisis de seguimiento tampoco se ha comprometido “ningún incremento presupuestal para fortalecer la atención de este grupo de población ni se formulan acciones específicas para desarrollar un modelo educativo intercultural.

El INEE destaca que si bien varios aspectos de mejora señalados en las recomendaciones fueron incluidos en el nuevo modelo educativo, no se abordan con suficiente profundidad, y dado el alcance de los mismos, puede representar un riesgo para el efectivo cumplimiento del derecho a una educación de calidad para esta población.