Luego de 15 horas de negociaciones –primero con las autoridades capitalinas y luego con las federales–, transportistas del estado de México decidieron, a las tres de la tarde, retirarse de las calles de la ciudad, con el compromiso de que la próxima semana se instalarán mesas de trabajo para atender su demanda de derogar la obligación de instalar dispositivos de seguridad en sus unidades, y luego de haber colapsado, durante toda la mañana y parte de la tarde, el tránsito vehicular en muchas vialidades primarias.

Desde la una de la madrugada de ayer, representantes del Gobierno de la Ciudad de México entablaron contacto con los transportistas –que a esa hora sumaban cerca de 3 mil, y estaban reunidos en los principales puntos de acceso a la capital– para disuadirlos de que no entraran con sus unidades a fin de no alterar las actividades cotidianas de los capitalinos; fue así que se logró evitar el ingreso de cerca de 500 vehículos, que tenían planeado llegar a la residencia oficial de Los Pinos.

Incluso, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, comentó que si “requerían hacer una marcha, que la hicieran –pues no quisieron atender su asunto en el estado de México—, pero que no ingresaran con sus vehículos, y si tenían que marchar por Periférico y Reforma, lo hicieran por la lateral”.

A las seis de la mañana estaban ya apostados –junto con sus camiones o automóviles– en varios puntos de los municipios conurbados, con la firme intención de ahorcar a la capital y presionar para que el gobierno federal interviniera y se pudiera derogar lo dispuesto en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México del 20 de marzo, que los obliga a colocar botones de pánico, cámaras de videovigilancia y geolocalizadores en sus unidades.

La ciudad, cercada

Para entonces las vialidades estaban ya saturadas en Periférico Norte, a la altura del Toreo de Cuatro Caminos; en la México-Toluca, donde está la caseta de La Venta; en la México-Pachuca, antes de la entrada por Indios Verdes; en Vallejo, en los límites de Tlalnepantla con la delegación Gustavo A. Madero, y en la México-Puebla, cerca de Pantitlán. Otros se ubicaron en la calzada Ignacio Zaragoza; en la colonia Contadero, en Cuajimalpa, y en el puente de La Concordia, en Iztapalapa.

A la explanada del Auditorio Nacional, en Paseo de la Reforma, delegación Miguel Hidalgo, llegaron decenas de camiones con transportistas de varios municipios mexiquenses. En este punto se pretendía que se reunieran todas las organizaciones de concesionarios y desde ahí emprender la marcha a Los Pinos.

Para las siete de la mañana ya estaba desquiciada la circulación. Largas filas de camiones y automóviles se veían por todos lados y ni el dispositivo de seguridad y vialidad establecido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local, con 2 mil elementos y un helicóptero, fue suficiente para atenuar el retraso y el enojo de los automovilistas, quienes buscaban infructuosamente vías alternas.

Según los organizadores, a las nueve de la mañana el número de transportistas sumaba 30 mil.

En la colonia Contadero, la policía colocó patrullas para evitar que los operadores mexiquenses avanzaran hacia el centro de la Ciudad de México, y ahí se les pudo mantener todo el tiempo. Sin embargo, la fila de autos varados en la carretera llegaba hasta La Marquesa.

A las 9:30, de los carriles laterales de Periférico Norte partió la marcha de los concesionarios congregados en El Toreo, quienes después de una hora se reunieron con los que estaban en el Auditorio Nacional. Avenidas como Palmas, Reforma, Legaria y Ejército Nacional colapsaron varias horas, y fue necesario que la policía hiciera cortes o desvíos a la circulación.

Alrededor de la residencia oficial de Los Pinos se instalaron cercos de policías federales, granaderos y vehículos pesados ante cualquier contingencia.

A las 11 de la mañana, representantes del gobierno federal ofrecieron a los manifestantes una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Presidencia de la República a cambio de que liberaran vialidades como Reforma. Media hora más tarde, una comisión de 12 representantes de las distintas organizaciones de transportistas fueron recibidos en Los Pinos.

Piden ser tomados en cuenta

Minutos después de las 15 horas salió el grupo y Juan Sánchez Peláez resumió los acuerdos: que en cuatro días se instale una mesa de negociaciones con autoridades de Gobernación y del estado de México para analizar su petición de derogar lo dispuesto en la Gaceta Oficial del 20 de marzo, y que se les consulte cuando se pretenda hacer modificaciones legales importantes en materia de transporte.

El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, afirmó que desde temprano se les dijo que si requerían hacer una marcha, que la hicieran, pues no quisieron atender su asunto en el estado de México, pero para no afectar a los capitalinos, les pidió que no ingresaran con sus vehículos y que si tenían que marchar, lo hicieran por las laterales de vialidades principales, como Periférico y Reforma.

Luego del homenaje a la activista Nancy Cárdenas, en el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, el mandatario destacó que las autoridades locales fungen, de alguna manera, como intermediarios ante nuestros homólogos federales, quienes recibieron y atendieron a una comisión, aunque se trata de un tema del estado de México, con el cual se colaborará, pero se requería un entendimiento, pues diariamente la capital recibe 9 millones de personas de otras entidades.

A las tres de la tarde comenzaron a retirarse los concesionarios congregados en el Auditorio Nacional y en los distintos puntos de salida de la Ciudad de México.