El laudo que emitió la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) contra el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana es una acción concertada de autoridades con Grupo México y su propietario, Germán Larrea, para evitar que el dirigente Napoleón Gómez Urrutia sea senador.

La United Steelworkers (US) aseguró lo anterior luego de sostener que “es especialmente inquietante el uso de la JFCA –dependencia que reporta directamente al Presidente de México– como instrumento para interferir en las campañas electorales de Andrés Manuel López Obrador y Napoleón Gómez Urrutia”.

La US señaló que el sistema tripartito de las juntas de conciliación y arbitraje ha sido criticado por corrupción desde hace mucho tiempo. Afirmó que el laudo contra el Sindicato Minero es un abuso para servir a la venganza del multimillonario Larrea, el segundo hombre más rico de México, con una fortuna neta de más de 15 mil millones de dólares, quien es el más interesado en que Gómez Urrutia no regrese al país y tampoco sea legislador.

Larrea ha operado con las autoridades para tratar de impedir que el dirigente sindical sea electo senador, ya que es candidato plurinominal a esa cámara por el Partido Morena, señaló la United Steelworkers.

Agregó que Gómez Urrutia ha criticado los abusos contra los derechos laborales, humanos y ambientales por parte de Grupo México y otras compañías mineras, incluido el derrame de desechos tóxicos de una mina de ese consorcio en 2014. Incluso, López Obrador acusó a Larrea de liderar una campaña en su contra.

La central internacional condenó el laudo emitido por la JFCA el 10 de mayo contra el Sindicato Minero, el cual ordena al gremio pagar 55 millones de dólares supuestamente adeudados a ex trabajadores, y expuso que esta resolución repite acusaciones infundadas de otras demandas penales contra Gómez Urrutia presentadas por abogados de Grupo México en 11 tribunales, y todas fueron desechadas”.