Guadalajara, Jal.

Una misión civil de observación de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Rnocdh), formada por 84 organizaciones de 23 estados, visitó durante dos días las comunidades tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, en el norte de Jalisco, y documentó graves violaciones a los derechos de los indígenas, derivadas del reclamo de comuneros para que les restituyan tierras.

La misión estuvo integrada por el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, la Red Solidaria, la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHJ).

Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Rnocdh, dijo que la misión constató que tanto autoridades de Villa Guerrero como estatales y federales violan los derechos territoriales y culturales de la comunidad, le niegan acceso a la justicia e inducen confrontaciones entre pobladores.

Estuvimos escuchando más de ocho horas a la comunidad, que ha estado luchando durante 30 años por su territorio y concluimos que padece no solamente violencia e impunidad, sino también discriminación, dijo Ríos.

Quetzal Prado, asesora legal de los indígenas, indicó que desde 2015 han buscado la titulación de 38 mil 240 hectáreas de su territorio ancestral como bienes comunales, mediante el juicio 38/2015 interpuesto ante el tribunal unitario agrario del distrito 16.

Pero desde que se inició el proceso legal ha ocurrido lo contrario: han tratado de quitarles sus tierras. Se han presentado 15 denuncias, 12 de ellas por despojo, ante la agencia del Ministerio Público de Villa Guerrero, dos por el intento de homicidio de dos comuneros y una por amenazas, afirmó.

Denuncian saqueo de materiales de construcción

Ramiro Reyes, representante agrario de Azqueltán, afirmó que la comunidad vive con temor, pues los comuneros Catarino Aguilar y Noé Aguilar fueron secuestrados durante 24 horas en el poblado de Temastián por un grupo de encapuchados armados.

Tenemos miedo a represalias por hablar ante las autoridades. Tenemos en contra al ayuntamiento. Han saqueado nuestros recursos naturales, como arena y piedra, denunció.

Alfonso Hernández Barrón, presidente de la CEDHJ, dijo que las comunidades indígenas han tenido problemas similares en San Sebastián, Tuxpan y San Andrés Cohamiata, asentamientos wixaritari donde, ante la falta de justicia, toman medidas como el boicot electoral y escolar vigente desde el 30 de abril.

El asunto de fondo es de justicia agraria, pero si sumamos la falta de tutela en los casos que se han denunciado, esto se ha convertido en un polvorín, lo que que puede tener consecuencias lamentables, advirtió.

Representantes de la Rnocdh se reunieron el 15 de mayo con el gobernador Aristóteles Sandoval y miembros de su gabinete, a quienes presentaron un informe de lo que descubrieron en Azqueltán. El mandatario prometió intervenir e instruyó a los funcionarios implicados solucionar el conflicto.

La misión civil concluyó que la falta de respuesta de las autoridades es la causa principal del recrudecimiento de la violencia y de la confrontación entre los pobladores de Azqueltán, y que el Estado mexicano es responsable de lo sucedido y de lo que pueda ocurrir.