Chihuahua, Chih.

El juez federal Gerardo Moreno García, con sede en el Reclusorio Norte de Ciudad de México, busca atraer una segunda investigación que ha servido de argumento a los juzgadores locales para mantener en el penal estatal de Aquiles Serdán al ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Gutiérrez.

El mes pasado, un tribunal colegiado resolvió la competencia de instancias federales en una primera causa penal contra Gutiérrez, en relación con el presunto desvío de 250 millones de pesos que Gutiérrez habría realizado en complicidad con funcionarios de la administración estatal de César Duarte Jáquez para financiar campañas del tricolor en 2016.

El gobierno de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral Jurado, ha negado la entrega de Alejandro Gutiérrez al Poder Judicial Federal con el argumento de que enfrenta ante jueces locales otra causa penal, un segundo desvío de recursos por un millón 740 mil pesos.

La competencia del juez federal en la segunda causa penal dejaría sin argumentos jurídicos al gobierno estatal, que ha negado en cinco ocasiones la entrega de Gutiérrez y sus coacusados Enrique Tarín García, ex director de adquisiciones y servicios de la Secretaría de Hacienda, y Gerardo Villegas Madriles, ex director general de administración de Hacienda estatal.

Abogados defensores informaron que el juez Moreno García, además, solicitó al Ejército Mexicano intervenir para forzar la entrega del ex dirigente priísta, mediante un oficio, después de que agentes de la Comisión Estatal de Seguridad impidieron el viernes a policías federales trasladar al acusado al Reclusorio Norte, en la capital del país.

La actuación de Moreno García ha sido calificada por Corral como prueba de que el presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray están implicados en el desvío de 250 millones de pesos del que se acusa a Gutiérrez.

El mandatario panista afirmó que estima que el quebranto del entramado de corrupción política supera 3 mil millones de pesos y fue realizado en por lo menos nueve estados, pero tienen bloqueada la investigación en varias entidades federativas y en el ámbito nacional.