Al disparar contra Javier Valdez, los asesinos no sólo silenciaron a un periodista que narraba la cotidianidad de la crisis que enfrenta México, sino que también cercenaron la labor de alguien que desde su trinchera defendía los derechos humanos.

Carlos Azueta, investigador para México de Amnistía Internacional (AI), asegura que el homicidio del corresponsal de La Jornada en Sinaloa representa una tragedia en distintos niveles.

Impactó no sólo en el gremio de periodistas, sino también a las familias de las víctimas (a las que daba voz) y se perdió una pluma fundamental para entender la realidad cotidiana que viven cientos de personas, así como una lectura importante de las coyunturas (en Sinaloa y otros lugares asolados por el crimen organizado) y que él lograba descifrar y explicar muy bien.

En entrevista con este diario al cumplirse un año del crimen, el analista de AI apunta que Javier, desde su labor en los medios para los que colaboraba, era también un defensor de las garantías fundamentales, porque sus textos evidenciaba las agresiones y violaciones a esos derechos, y al difundir esa información incidía de alguna forma en defensa a los agraviados.

El asesinato de un periodista tan destacado y reconocido como Valdez, añade, es una señal muy peligrosa de que en el país no se está haciendo lo necesario para proteger a los periodistas.

México es extremadamente peligroso para ejercer el periodismo. Y las autoridades no han hecho lo suficiente para proteger a este gremio de ataques o alguna interacción negativa con cualquier autoridad o con el crimen. Y cuando se concretan esos hostigamientos o ataques, el Estado no ha sabido reaccionar, no ha podido investigar ni sancionarlos.

Azueta reclama a los gobiernos federal y estatales poner mayor atención para proteger al gremio periodístico, y considera que el mecanismo federal de protección a defensores de derechos humanos y periodistas es una medida reactiva e insuficiente.

Un reflejo –añade– de esa falta de voluntad es la tardanza con la que el jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, y los gobernadores reaccionaron ante la crisis de violencia contra los periodistas. Recuerda que fue hasta después del asesinato de Valdez que el mandatario convocó a un acto público para llamar a la protección del gremio. Sin embargo, meses después los homicidios siguen y los casos continúan impunes.

Para AI el que las autoridades federales ya tengan ubicados a tres presuntos autores materiales del homicidio de Valdez, uno de ellos ya detenido, es insuficiente.

No nos tranquiliza el inicio de un proceso penal contra una de las personas posiblemente implicada, o al menos señalada por la fiscalía. Esto no suele ser suficiente en este país para desarticular una red amplia de situaciones que permitieron que ocurrieran los hechos. También nos llama la atención la fecha en que se hace la presentación (en medio del proceso electoral), podría ser el intento por darle un uso político a este caso y sería lamentable que así fuera.

Azueta subraya que más allá de ubicar a tres posibles responsables, la fiscalía debe ir a fondo para conducir investigaciones diligentes que cumplan con el debido proceso; encontrar a todos los responsables, incluidos quienes mandaron matar al periodista; proteger a la familia de Valdez y darle la certeza de que habrá verdad y justicia.

Si esto no se hace, existe el riesgo de que actos similares sigan repitiéndose en el país. Y es lo que ha sucedido, tenemos una tasa muy alta de homicidios de comunicadores, porque generalmente hay una enorme impunidad.