El éxito de la transformación educativa requiere remover las circunstancias que colocan a muchos mexicanos en situación de extrema adversidad, afirma el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), tras reconocer que es impostergable dar a la educación un nuevo impulso.

En el documento Educación para la democracia y el desarrollo de México, elaborado por la junta de gobierno del organismo autónomo, destaca que entre los problemas más visibles del sistema educativo está la deficiente formación inicial de los docentes; las relaciones laborales con un sindicato con más de un millón de afiliados y con un “poder de facto que influye de múltiples formas en el desarrollo del sistema y plantea problemas diversos para su gobernanza”.

Como parte de las reflexiones que presentarán a los cinco candidatos a la Presidencia de la República, el INEE alerta sobre la debilidad de los mecanismos político-administrativos que aseguren la rendición de cuentas y la transparencia de las acciones públicas en los estados, a lo que se suman carencias materiales y de equipamiento en escuelas, sobrecarga de tareas burocráticas a docentes y directivos, así como un sistema de información educativa incipiente y con problemas de confiabilidad.

Señala que la política educativa se debe sustentar en principios irrenunciables, entre ellos el garantizar una enseñanza de calidad como un derecho humano universal; una sólida rectoría del Estado; ofertar una educación con justicia que permita abatir las desigualdades socioeconómicas que enfrenta la población, y reconocer la pluralidad cultural del país con una atención a su diversidad.

Sostiene además que es necesaria una evaluación para la mejora educativa que permita el progreso sistemático de la enseñanza.

Sin embargo, no soslaya que el sistema educativo nacional enfrenta múltiples desafíos, como la transición demográfica y educativa; una atención deficiente para los grupos sociales en situación de alta vulnerabilidad; insuficiencia de programas de formación continua de maestros, y el conflicto entre la regulación laboral anterior a 2013, previo a la aplicación de la reforma educativa, y las nuevas normas, que incluyen la evaluación de los profesores en servicio.

A ello se suma, asegura, que los padres de familia carecen de los mecanismos necesarios para vincularse de forma más colaborativa con las escuelas donde estudian sus hijos, por lo que se requiere ofrecerles más información sobre los contenidos de la educación que reciben sus hijos y sobre la organización y funciones de las escuelas.