l más reciente encontronazo de Andrés Manuel López Obrador con las cúpulas de la empresa y el dinero no sólo remite a un litigio ocasionado a la constatación de que el empresariado mexicano está decidido a hacer política electoral corporativa, sino a una falla mayor del sistema político-económico erigido a partir de los cambios estructurales y el salto al pluralismo político de fin de siglo. La suma de ambas transformaciones, de gran calado sin duda, derivó en un debilitamiento del orden estatal heredado del autoritarismo sin que en su lugar hubiese emergido un orden democrático propiamente dicho.

A su vez, el desempeño económico ha sido socialmente insatisfactorio por partida doble: ni se generaron nuevos empleos de calidad para la mayoría ocupada, ni se pudo contar con los excedentes necesarios y suficientes para producir los bienes públicos y la protección social que reclama una demografía también transformada en estas tres décadas.

En particular, esta fragilidad del Estado no fue encarada a tiempo ni con los recursos mínimos necesarios para resanar un edificio estatal erosionado ni para reconstruirlo, como lo demanda la compleja realidad social, política y del poder de México.

Cuando se requería una reforma amplia y profunda del Estado, se optó por desplegar esfuerzos y medidas de emergencia, parciales y de corta duración, sin que las sucesivas rondas de atención a sus males tuvieran conexión o continuidad. De aquí la crisis de estatalidad que ha postulado Clara Jusidman, ahora exacerbada por la violencia criminal que asuela a varias regiones de México.

Un aspecto poco visitado de esta crisis es la fractura sufrida por las estructuras e instituciones dedicadas a facilitar y fortalecer la economía mixta forjada pragmáticamente a partir de la era de reforma popular redistributiva y de afirmación nacional durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas.

Esas estructuras e instituciones, en efecto, fueron adoptadas o refuncionalizadas por los gobiernos que siguieron al del General Cárdenas, pero, en lo esencial, fueron conservadas como forma de gobierno de la economía por parte del presidencialismo autoritario que se implantara como régimen entre la década de los años cuarenta y el fin del siglo XX. Estos mecanismos fueron revisados drásticamente a partir de 1985, bajo el imperio de las tesis que veían en el Estado el problema más que la solución de las crisis de entonces.

Esta revisión tomó velocidad de crucero a partir de 1988 y fue profundizada entre 1995 y el año 2000, cuando se inauguró el pluralismo político y ocurrió la alternancia en el poder del Estado mientras tenía lugar un profundo cambio estructural destinado a la globalización del país por medio de una economía abierta y de mercado.

No se olvide que en estos años finales del segundo milenio, se buscó también convertir el espíritu de Houston, acuñado por los presidentes Bush y Salinas, en política de Estado. Hoy resentimos los daños de una visión unidimensional injustificada que redundó en el abandono mexicano de importantes foros e iniciativas dirigidas a la erección de un orden económico internacional más congruente con la pluralidad y diversidad alcanzadas por el mundo.

Todo este conjunto de transformaciones caminó a varias velocidades y ha rendido frutos diversos, pero configuró un contexto político, económico e institucional en el que según las visiones hegemónicas del bloque dominante no tendrían cabida ni la mencionada economía mixta ni el presidencialismo económico.

El insatisfactorio desempeño económico de las últimas tres década, junto con el registrado después de la erupción de la Gran recesión en 2008, deberían ser argumentos de primera mano en favor de una nueva revisión del régimen económico que surgiera de las reformas estructurales y redundara, como se apuntó, en una mayor fragilidad de la economía y una fractura ominosa de la cohesión social mexicana.

No se trata de resucitar formas caducas, como sería el mal llamado modelo del desarrollo estabilizador, pero sí de revisitar esa y otras experiencias en el gobierno de la economía con un propósito bien definido: combinar la estabilidad financiera con un crecimiento de por lo menos el doble del observado en lo que va del siglo, haciéndonos cargo de que el desarrollo exige redistribuir y conformar nuevas y diferentes capacidades.

En una excursión como la sugerida, los privados tal vez podrían descubrir nuevas fuentes para iniciativas políticas y económicas creativas, que lleven su discurso y acción más allá de sus escaramuzas un tanto paranoicas con el candidato puntero. Hasta podrían reencontrarse con las virtudes de una economía mixta como la que le urge (re) construir a México.Para desarrollarse y dejar atrás el regodeo con un crecimiento que sólo puede satisfacer las ansias modernizantes de una elite sin sustento ni consenso.