ovedosa es la propuesta, indemnización roja llamada así por la abogada Marivel Simón Nicolás, candidata a diputada local por el partido Coincidencia Guerrerense, respecto de que el gobierno del estado debe ser obligado a otorgar pensión a los hijos de una persona que haya sido asesinada si en un año no se ha ubicado y sancionado al responsable. A manera de justificación se dice que ante la ola de violencia que enfrenta la entidad, no es posible que la autoridad dé seguridad a cada uno de los gobernados.

Es cierto, concede Maribel Simón, no puede cuidar a cada ciudadano para evitar que lo maten, pero también es cierto, refuerza, que el gobierno está obligado a garantizar el castigo a los responsables y, si no puede, entonces debe ver por los descendientes de la víctima, como lo hubiera hecho el padre muerto. Una ley en este sentido llevaría al gobierno inevitablemente a la quiebra, pero previendo eso también sería un acicate para que asumiera su responsabilidad de investigar, detener y castigar a los responsables de los homicidios.

La propuesta, como parte del proselitismo de la abogada, adquiere el compromiso ante los ciudadanos de presentar al Congreso local una iniciativa de ley en ese sentido. Habrá que esperar primero a ver si gana las votaciones el primero de julio; interesante sería conocer luego la reacción que sobre esta reforma tengan las miles de familias que han perdido al jefe de la casa, en tanto la autoridad se concreta a lamentar los homicidios y a anunciar supuestas investigaciones de las que nunca da resultados.

Interesante sería ver si cuando tuviera que pagar indemnizaciones por su incapacidad para resolver los asesinatos en uno de los estados con más homicios dolosos, el gobierno se comporta con la pasividad con la que actúa actualmente. Si la iniciativa llegara al Congreso, la autoridad se valdría de todos sus recursos para impedir que prospere, aunque, por otra parte, tendrá seguramente la presión de organizaciones civiles con cientos de familiares de desaparecidos, de los que se sospecha que están muertos, y de familias cuyos jefes se ha comprobado su defunción.