a orden salió directamente de Los Pinos, previa instrucción de uno de los integrantes de la minoría rapaz (AMLO dixit), y el receptor fue un funcionario que a lo largo de los sexenios ha sobrevivido por prestarse a todo tipo de circunstancias, con tal de estar en lo que él califica de la parte superior de la rueda de la fortuna política.

Con la firma de Germán Larrea, dicha instrucción fue tajante: por ningún motivo dejen pasar la candidatura senatorial (Morena) de Napoleón Gómez Urrutia; hay que detenerla a como dé lugar, que no llegue al Senado, incluso pasando por encima del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal que casi cuatro años atrás (agosto de 2014) exoneró definitiva, inapelable, unánime, total y de fondo al líder minero de los supuestos delitos fabricados por los barones de la minería, entre aquellos el de haberse robado 55 millones de dólares del extinto fideicomiso minero.

El operador de tal instrucción es el secretario del Trabajo, Roberto Campa, quien simplemente procede como sus cinco antecesores en el puesto (Carlos Abascal, Francisco y Javier Salazar Sáenz, con Fox; Javier Lozano Alarcón y Rosalinda Vélez, con Calderón; y Alfonso Navarrete Prida, con Peña Nieto), es decir, proteger a toda costa los intereses de los barones de la minería. Y si para ello hay que pasar por encima del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues qué remedio.

El pasado 28 febrero, el propio Roberto Campa, recién estrenado como secretario del Trabajo, informó que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no ha emitido ningún laudo que determine que el dirigente del Sindicato Nacional de Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, tiene que pagar los 55 millones de dólares a los trabajadores por un fideicomiso minero. En conferencia de prensa realizada en conjunto con el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, el titular de la STPS, aclaró que no existe el referido laudo en contra del líder minero, que fue difundido ayer (La Jornada, Patricia Muñoz).

Pero ¡sorpresa!: como por arte de magia, ahora la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje –dependiente de la Secretaría del Trabajo, léase de Roberto Campa– decidió revivir, por segunda ocasión, algunas demandas de trabajadores –presuntamente interpuestas 12 años atrás, en 2006, cuando inició la persecución al líder minero– que reclaman su parte del extinto fideicomiso minero, es decir, el mismo asunto del que la Suprema Corte de Justicia de la Nación exoneró, al 100 por ciento, a Gómez Urrutia en agosto de 2014.

Qué casualidad: 12 años después de la supuesta presentación de las demandas de los trabajadores, a unos cuantos días del pronunciamiento del tribunal electoral sobre la candidatura de Gómez Urrutia y a escasas semanas de los comicios, por orden de Los Pinos, tras la instrucción pertinente, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje saca de su chistera un laudo inexistente (Roberto Campa dixit, 28 de febrero de 2018) contra el líder minero y el sindicato que representa.

Hasta donde se sabe, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tendría elemento alguno para cuestionar la legalidad de la candidatura del líder minero, de allí la necesidad de impedir, al costo que sea, su llegada al Senado, y para ello los barones de la minería –con Germán Larrea a la cabeza– se pintan solos y recurren a lo que más les gusta: las prácticas cochinas, la violación del estado de derecho, el uso de los políticos a su servicio y el reparto de estímulos para quienes se porten bien. Y Campa haciendo el trabajo sucio.

Consultado al respecto, Gómez Urrutia comenta que en todo esto no hay casualidades, pero sí mano negra con la clara intención de golpear mediática y electoralmente, dada la cercanía de los plazos legales y de las elecciones mismas. Además, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje decide revivir las supuestas demandas de los trabajadores y de nueva cuenta agredir al sindicato minero justo en la misma fecha en la que 32 años atrás Carlos Salinas de Gortari, en su calidad de secretario de Programación y Presupuesto del gobierno de Miguel de la Madrid, dio el banderazo de salida al desmantelamiento y privatización del sector siderúrgico y minero del Estado mexicano –del que no quedó una tuerca, pues fue entregado a los amigos del régimen–, al anunciar la quiebra de Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey y despedir a 15 mil trabajadores.

Y como no se saben otra, en la mira traen al dirigente minero. Por ello, no es gratuita la advertencia que ayer hizo el peje candidato: Los magistrados de la sala superior del tribunal electoral han sido presionados para que le nieguen la candidatura a Napoleón Gómez Urrutia. No se dejen presionar, porque tengo información de que los están apretando para que tomen una decisión en contra. Deben resolver con imparcialidad. Deben actuar de conformidad con la ley, que no permitan la presión de nadie y que resuelvan con absoluta libertad, apegados a la ley.

Pero no es tan fácil. El equipo legal de Gómez Urrutia deja en claro que el dirigente minero fue 11 veces absuelto de acusaciones falsas en materia penal, con motivo de infundadas imputaciones relacionadas con el fideicomiso minero, en las que se resolvió el recto manejo de dicho fideicomiso y la ausencia de daño patrimonial a los trabajadores mineros. Fue una persecución política que incluso así la calificó Interpol en Lyon, Francia, de manera oficial.

Los abogados subrayan que “en este nuevo laudo laboral difundido por Grupo México –escondiendo su intervención–, Gómez Urrutia, quien estuvo como demandado, resultó absuelto. Es falso que se le haya condenado; todo lo contrario. Se pretende distorsionar el laudo con fines políticos. Además, es falso que el sindicato minero deberá pagar 55 millones de dólares. De hecho, ilegal y extrañamente la junta laboral excluyó el estudio de dos juicios que estaban acumulados a los demás que sí resolvió indebidamente y bajo consigna (expediente 1167/2015 y 188/2016), en los que se acredita plena y legalmente el destino de esos fondos. Es un tema político en donde la junta laboral actuó como un instrumento ilegal, una vez más”.

Las rebanadas del pastel

Y de cereza, el sindicato minero, junto con sus abogados, divulgaron el inventario de pagos realizados con los fondos del citado fideicomiso, al tiempo que reta a Grupo México, a los que salen a difamar al sindicato minero, a la Secretaría del Trabajo y al gobierno federal en su conjunto, a que desmientan cualquier punto de lo que afirman.

Twitter: @cafevega

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