De los acuíferos Santa Clara y Flores Magón, en los municipios de Namiquipa, Riva Palacio, Buenaventura y Ahumada, en Chihuahua, la familia LeBarón extrae agua con casi 400 pozos –a pesar de un decreto de veda de 1955– con base en documentos manuscritos de 1998 que, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no tienen validez jurídica, informaron representantes de campesinos integrantes de El Barzón.

Dijeron que aunque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudió el martes a inspeccionar los predios de la familia LeBarón, se le impidió el paso a la zona donde explota 395 pozos y se cultivan 200 hectáreas de nogales sin permiso de cambio de uso de suelo emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en un área de pastizales donde sólo se permite la actividad ganadera.

No es la primera vez que se impide a las autoridades inspeccionar. En noviembre del año pasado la Conagua intentó verificar la explotación de pozos, pero no se le permitió el paso.

Los afectados denunciaron que esta familia está acabando con la cuenca de la cual dependen las actividades agrícolas de unas 900 familias del ejido Constitución, que ya sufren escasez.

El líder barzonista Joaquín Solorio explicó que los LeBarón usaron los mismos documentos para acudir al juzgado noveno de distrito de Ciudad Juárez y al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa; este último les concedió un recurso de suspensión que ordena dejar las cosas como están; sin embargo, la familia ha seguido plantando árboles y explotando pozos.

A la reunión acudieron Alejandro Pérez, subdirector de Administración del Agua de la Conagua; Jazmín Rivera, directora jurídica de la delegación de la comisión; funcionarios estatales, así como Bernardo Serrano, de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Solorio explicó que se instó al Estado mexicano a detener los trabajos hasta que los tribunales emitan una resolución. La respuesta de la Conagua fue que se dará seguimiento a la búsqueda de acciones para destrabar el conflicto.

Por su parte, la familia LeBarón denunció daños por un millón de dólares en el rancho La Mojina, presuntamente provocados por campesinos barzonistas que el 30 de abril irrumpieron en el predio para clausurar 11 pozos ilegales.

Julián LeBarón, empresario y agricultor, denunció la destrucción de un pozo, equipo de bombeo, árboles y sistema de riego, además del robo de vehículos y la quema de un tractor con valor de 45 mil dólares.

En ese contexto, la Fiscalía General del Estado investiga una querella de la familia LeBarón por daños y violaciones a la propiedad privada y los barzonistas denunciaron agresiones con arma de fuego de empleados del rancho.

La policía estatal mantiene en la propiedad 40 agentes antimotines para evitar enfrentamientos.

Antes de la reunión del miércoles, la Conagua y la Secretaría de Gobernación habían prometido a los campesinos resolver el conflicto, pero la familia LeBarón obtuvo una suspensión administrativa que ha demorado la clausura definitiva de los pozos.

El amparo fue otorgado por un tribunal administrativo en enero y no se ha resuelto porque el juez espera información de la Conagua. En tanto, empleados de la familia LeBarón continúan perforando pozos en el rancho La Mojina.