Mazatlán, Sin.

Unas 350 familias, que suman mil 500 desplazados por ataques y amenazas de grupos armados que delinquen en la sierra de los municipios de Concordia y Rosario, viven refugiados en colonias de Mazatlán y mendigan despensas a las autoridades.

Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, dijo que a pesar de que la situación de este grupo vulnerable es apremiante, el gobierno de Sinaloa les niega espacios para edificar viviendas.

El dirigente de la asociación civil lamentó que la administración estatal, a cargo del priísta Quirino Ordaz Coppel, y la del alcalde sustituto de Mazatlán, Joel Bouciéguez, cancelaran una reunión que prometieron a los desplazados después del Tianguis Turístico, en abril pasado, para revisar las solicitudes de los afectados ante el Instituto de la Vivienda Estatal.

Los desplazados provienen de las comunidades La Petaca, Chirimoyos, Santa Lucía, Pánuco o El Zapote, y viven en varias colonias de Mazatlán, entre ellas Santa Fe, Francisco Villa, Urbi Villa, Santa Teresa, San Fernando y Villas del Sol.

Loza Ochoa, invitado por el movimiento Acción Sinaloense a dicha reunión, desmintió que la mitad de los desplazados hubiera decidido regresar a sus hogares, como divulgaron las autoridades.

No lo hicieron, puntualizó, porque desapareció su ganado, puercos y gallinas; sus vehículos fueron desmantelados, y saben que los delincuentes siguen en la región, donde la violencia ha cobrado muchas vidas.

Acompañado por una decena de familias cuyos niños no acuden a la escuela desde julio de 2017, indicó que los desplazados viven un viacrucis: carecen de hogar, rentan o viven con familiares, y aunque las autoridades les ofrecieron comedores comunitarios, no tienen acceso a ellos.

La gente no tiene empleo para pagar transporte y debe mendigar despensas, y en algunos casos ni siquiera puede llegar a donde se reparten los víveres.

Base militar y despliegue policiaco, insuficientes

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos acusó a Ordaz Coppel de ignorar los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desplazados, un punto de acuerdo emitido por el Senado de la República en 2011 y la Ley General de Víctimas, pues exige a los afectados actas de nacimiento, identificaciones oficiales y otros documentos, de los cuales carecen porque tuvieron que huir de sus hogares de manera intempestiva.

Reprochó que las autoridades de Sinaloa son irresponsables al exhortar a los desplazados a regresar a sus comunidades, pues no han cambiado las condiciones que generan violencia.

No basta con establecer una base militar y enviar policías en una operación. Los desplazamientos no se erradicarán si no se atienden antes las causas profundas que los provocan. Se comete un error al no invitar a las universidades y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a analizar este problema y presentar propuestas de política pública.

Citó el caso de los desplazados por la violencia en Colombia, donde, a pesar de tener presupuesto y políticas públicas para el retorno de los habitantes a sus comunidades, aún se cometen homicidios. En México, apuntó, todavía no se llega a esa etapa, pero la situación hace indispensable abordar con mayor responsabilidad las causas de los desplazamientos forzados.

Cuestionó que el Senado sólo haya citado a comparecer a Lindolfo Reyes, ex alcalde de Choix, en abril pasado, pues también debieron citar al gobernador y a la ex alcaldesa del municipio de Sinaloa de Leyva, María León Rubio, quien solicitó licencia para buscar la relección, postulada por el Partido Revolucionario Institucional.

Lo más grave, dijo, es que citándolos o no, incumplen la recomendación 39/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre desplazamientos forzosos. Deberían ser sancionados por el Congreso de la Unión.

Elaboran censo

Raúl Carrillo Castaños, secretario de Desarrollo Social en el estado, informó que se inició un censo para atender la recomendación 39/2017 de la CNDH, a fin de ubicar en dónde se encuentran las 2 mil 38 víctimas de desplazamiento forzado entre 2011 y 2012, quienes huyeron de 40 comunidades a causa de la violencia en la sierra de Choix y Sinaloa de Leyva.

Explicó que los registros empezaron en Guamúchil y Los Mochis. Solamente se conocen los nombres de las comunidades de las cuales salieron las familias y se tienen indicios de que muchas se fueron a Guasave, Culiacán e incluso a otros estados.

Sostuvo que seis años después de que las familias dejaron sus poblados, un alto porcentaje (que no especificó) ya regresó y vive en completa tranquilidad, a excepción del pueblo El Corral Quemado, donde 24 viviendas quedaron abandonadas.

Los desplazados se fueron al municipio de Salvador Alvarado; sólo tres familias siguen en contacto con el ayuntamiento de Choix y dos tienen ganado en ese pueblo, adonde acuden regularmente.

Sostuvo que “se siguen las instrucciones de la recomendación 39/2017 de la CNDH para ubicar a las 2 mil 38 víctimas de desplazamiento forzado, junto con la persona enlace designada por esa instancia, a fin de aplicar lo estipulado en la Ley General de Atención a Víctimas del Delito para brindarles apoyo en la obtención de vivienda, servicios de salud y otros.

Según el funcionario, se cuida la dignidad de las personas; se realizan visitas a las comunidades para obtener un diagnóstico puntual y realizar el censo de las familias que se desplazaron y las que regresaron. A las que no retornaron se les busca para atenderlas y apoyarlas con diversos programas sociales.

Carrillo Castaños aseveró que en Choix y Sinaloa de Leyva se aplica la estrategia nacional de inclusión, al considerar a este grupo de alta prioridad, pero observamos que el fenómeno de las poblaciones desplazadas no es estático, sino que las personas se encuentran dispersas y constantemente migran. Ya no se asumen en condición de desplazados y no quieren regresar a sus poblaciones.