Pobladores de la comunidad de San Pablo Atlazalpan, en el estado de México, celebraron la suspensión de actividades de una mina de basalto que había generado inconformidad en buena parte de los habitantes, pero activistas de organizaciones sociales advirtieron que muchos megaproyectos polémicos cierran sus puertas durante unos cuantos días para después volver a funcionar con el pretexto de que ya regularizaron su situación legal.

En entrevista con La Jornada, integrantes del Consejo Comunitario Atlazalpan señalaron que el pasado 3 de mayo la policía estatal llegó a la población para acompañar a funcionarios de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del gobierno estatal, quienes colocaron sellos de clausura en la mina que desde noviembre de 2017 comenzó a operar la empresa Creatividad e Inteligencia en Construcción, SA de CV, división maquila (Cicsa).

Aunque prácticamente todo el personal y la maquinaria que estaba realizando labores de trituración y transporte de roca basáltica ya salió de la mina, hasta el momento se ignora cuáles fueron los motivos del cierre y si éste es de carácter temporal o permanente, por lo cual mañana lunes los pobladores enviarán una carta a las autoridades para pedir información al respecto.

En principio nos sentimos bien, porque ya se canceló, pero tenemos miedo de que en cualquier momento pudieran regresar y abrir nuevamente. Queremos que la clausura sea definitiva, porque las condiciones de afectación a la comunidad no han cambiado, señalaron los pobladores, quienes prefirieron reservar su identidad.

Como se informó en este diario (1 de abril de 2018), la operación de la mina fue repudiada por habitantes de San Pablo Atlazalpan por considerar que afecta el depósito de agua de la comunidad, una hacienda del siglo XVIII y una escuela primaria. Además contamina el aire con polvo de basalto y altera la vida de los pobladores por el paso constante de camiones pesados. Todo ello, además, sin tener los permisos y estudios necesarios para operar.

El temor de los pobladores de San Pablo Atlazalpan de que la mina reinicie actividades después de cierto tiempo se fundamenta en la estrategia de otras compañías que han fingido clausuras para que los grupos inconformes bajen la intensidad de sus protestas y vuelven a operar, advirtió Octavio Jiménez, habitante del municipio de Tezoyuca.

El activista recordó que en esta zona del nororiente del estado de México, el gobierno local clausuró en 2016 una mina de tezontle, que funcionaba desde hacía 50 años, luego de una serie de protestas de vecinos que se inconformaron por daños estructurales registrados en sus viviendas y por el ruido excesivo de la maquinaria.

Sin embargo, unos días después la mina fue reabierta, en un hecho que organizaciones vecinales atribuyen a vínculos de complicidad y corrupción entre los empresarios que controlan la obra y autoridades mexiquenses.

El común denominador de muchos de estos casos, añadió Jiménez, es que los megaproyectos llegan a las comunidades a extraer materiales pétreos para la cimentación del Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México, sin importar los daños sociales y medioambientales que generan.