El titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que en México hacer valer la gobernabilidad no admite claudicación ni negociación. Señaló que los niveles de violencia a que ha llegado el país son inadmisibles, y criticó que el Poder Legislativo no haya podido llegar a una definición sobre a qué nivel de gobierno o mando corresponde hacer frente al crimen organizado.

En el México actual, hacer valer la gobernabilidad no admite ni claudicación ni negociación, mucho menos allanarse a cualquier pretensión que tenga por objetivo romper la gobernabilidad que nos ha costado tanto trabajo lograr.

Las instituciones, a prueba

Durante la inauguración de la edición 59 de la Semana Nacional de la Radio y la Televisión, convocada por la Cámara Nacional de la Radio y la Televisión (CIRT), el funcionario dijo que este año están a prueba las instituciones mexicanas frente al proceso electoral y la inseguridad que se vive en México.

Dijo que como resultado del operativo Escudo Titán hay mil 300 detenidos, se han desmantelado células criminales y se han decomisado arsenales en Tamaulipas, pero el combate al crimen organizado no es de un día para otro.

Ante los radiodifusores dijo que es necesario tener claro los niveles de violencia que ha adquirido el país desde el año pasado, que son absolutamente inadmisibles, sobre todo en delitos violentos, particularmente en algunas regiones del país.

Destacó que la sociedad no espera discursos, espera, merece y exige resultados. Atribuyó el incremento de la violencia a diversos factores, entre ellos las contradicciones que se han generado en los poderes públicos, particularmente en el Congreso de la Unión, en dos espacios importantes como la identificación de qué niveles de gobierno tienen la responsabilidad de enfrentar problemas tan complejos como la inseguridad.

Si los municipios tendrían la responsabilidad de combatir la inseguridad o si tendría que haber mando único, mixto, combinado en distintos niveles y funciones, y sobre esto no hay una definición de país como tal.

Criticó que el Poder Legislativo no ha podido encontrar una respuesta de nuestra arquitectura institucional e ingeniería constitucional a este planteamiento, de cómo se puede avasallar a una sociedad por crimen organizado en la célula fundamental, que es el municipio.