La aprobación de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) para que continúen al aire los mensajes de la asociación Mexicanos Primero violentan dos de las grandes restricciones de las reformas constitucional y legal emanadas de las polémicas elecciones de 2006: evitar la injerencia de grupos empresariales en la contienda contra un candidato y el involucramiento de los medios de comunicación.

La consejera electoral Pamela San Martín sostiene que con esa determinación se avaló que una agrupación con vínculos empresariales y claras intenciones de intervenir en la campaña violentara las disposiciones constitucional y legal que prohiben expresamente la contratación de mensajes con fines electorales, y es evidente que ese promocional tiene una deliberada pretensión de incidir en el proceso, pues claramente hace un llamado al voto en contra de las opciones que se oponen a la reforma educativa.

El artículo 41 constitucional, en su párrafo III, inciso g, regula el acceso gratuito de partidos a promocionales en radio y televisión, les prohibe contratar esos servicios y agrega: Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

Con más de 3 mil impactos en sólo dos días –27 y 28 de abril– en los canales 2 y 5 de Televisa y sus repetidoras, la contratación violenta el modelo de comunicación política que proscribe esta posibilidad en procesos electorales, advierte San Martín, quien sostiene que en este caso hay una injerencia clarísima.

La determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias de avalar la injerencia de grupos empresariales se asemeja a la omisión que en su momento tuvo el Instituto Federal Electoral con la intromisión del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en 2006, cuando contrató mensajes en radio y televisión para cuestionar la propuesta económica del entonces candidato de Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, sugiriendo devaluaciones y crisis económica si triunfaba.

En su momento, en el dictamen de validez de la elección presidencial de 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación condenaba la injerencia del CCE y la similitud de sus críticas con la propuesta del panista Felipe Calderón, subrayando: A fin de salvaguardar el principio de equidad, el legislador ordinario estableció en el artículo 48 la prohibición para que terceros contraten propaganda en radio y televisión en favor o en contra de algún partido político o candidatos por parte de terceros, concluía el tribunal.

La irrupción del promocional de Mexicanos Primero se involucra en la contienda a partir del cuestionamiento de la postura de López Obrador de revertir la reforma educativa con elementos parecidos: el mensaje de este grupo es similar al promocional de José Antonio Meade: Tengo miedo. En ambos se alude al temor de echar atrás los cambios educativos aprobados.

En el mensaje aparecen cinco niños reivindicando la reforma llamados: Ricardo, Pepe, Andrés, Margarita y Jaime, los mismos de los cinco candidatos. Y termina: Piensa bien y elige al candidato que apoye la transformación educativa,

San Martin advierte que se obvió la prohibición de contratar mensajes de terceros con el argumento de la libertad de expresión. Nadie está pensando en que Mexicanos Primero no defienda sus posturas respecto de la reforma educativa. La violación radica en la contratación de promocionales, prohibido por la Constitución y la ley.