La junta directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados defendió la pulcritud del dictamen que elimina el fuero, aprobado el jueves por unanimidad, y resaltó que aun sin contar con esa protección, la función y la investidura presidencial queda a salvo de cualquier maniobra.

Los integrantes de esa instancia indicaron en una respuesta al Senado que el juicio político no se resolvería por mayoría simple, sino por mayoría calificada, esto es, por el voto de las dos terceras partes de los presentes.

La junta exigió al Senado aprobar la minuta y refirió que, ante las preocupaciones respecto del juicio al Presidente, “contrario a lo que de manera imprecisa se ha señalado, su regulación no debe referirse a los otrora llamados delitos graves, puesto que la reforma constitucional de 2008 –que adoptó el Sistema Proce-sal Penal Acusatorio– eliminó dicha figura”.

Esto es, indicó, se trata de crímenes por los que no procedía la libertad provisional bajo caución, y al suprimirse desde entonces ya no existe esa categoría procesal en la Constitución.

Consideró incorrecto afirmar que el juicio político al Presidente generaría ingobernabilidad, porque la normatividad procesal penal define que el jefe del Ejecutivo no está obligado a presentarse ante el órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público cuando sea citado, y en su caso, declarará mediante los sistemas de reproducción a distancia de imágenes y sonidos o cualquier otro medio que permita su transmisión, en sesión privada.

También acotó que la minuta es producto no sólo de escuchar a grandes juristas y abogados, sino también, y de manera preponderante, a la ciudadanía, que exige que nadie en México cuente con privilegios y escudos que eviten hacerle frente a la ley cuando se desapegan de ella.

La comisión legislativa recordó que la minuta incluye matices claros que permiten un equilibro entre proteger la función pública y no generar abusos y privilegios al servidor público, que debería enfrentar un proceso penal, si fuera el caso, pero continuar en el cargo, salvo que exista una sentencia condenatoria y ejecutoriada que determine una responsabilidad.