El Senado realizará audiencias públicas durante mayo y junio en todo el país en torno a la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia de justicia laboral, que quedó pendiente de dictaminar.

El priísta José María Tapia, presidente de la Comisión de Trabajo, emitió ya la convocatoria respectiva para que sindicatos, empresarios, académicos, abogados laborales y especialistas expongan sus puntos de vista en torno a esa ley reglamentaria de la reforma constitucional de febrero de 2017, en la que se creó un nuevo modelo para resolver conflictos obrero-patronales.

El coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional, Emilio Gamboa Patrón, comentó el jueves pasado que esa reforma laboral y los demás pendientes podrían desahogarse en el periodo extraordinario, luego de las elecciones de julio.

Sin embargo, el vicecoordinador del Partido del Trabajo-Morena, Luis Humberto Fernández, rechazó esa posibilidad. La correlación de fuerzas políticas en el Senado no representa la realidad nacional, por ello lo más conveniente sería esperar a la próxima legislatura que comienza en septiembre para sacar esa ley.

Iniciativa afectaba derechos

Consideró que fue importante detener el intento del gobierno y los empresarios para imponer una reforma que lesionaba derechos obreros fundamentales, por lo que la consulta no debe ser en torno al proyecto de dictamen que se elaboró con base en la iniciativa de los senadores priístas Tereso Medina –dirigente local cetemista– y de Isaías González Cuevas, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos.

La consulta se llevará a cabo en cinco ciudades de la República, con la intención de elaborar un nuevo proyecto de dictamen. Establecer, detalló Fernández, el entramado legal para poner piso a la reforma constitucional que eliminó las juntas de conciliación y arbitraje y pasó la resolución de conflictos obreropatronales al Poder Judicial.

El proyecto de dictamen que resulte de las audiencias, agregó, “sin las atrocidades y trampas que pretendían el gobierno y los empresarios, entre ellas la legalización del outsourcing (terciarización) se dejará a la nueva legislatura”.