La Cámara de Diputados se mantiene entre las instancias de gobierno y de la administración pública que mayor opacidad presenta en el manejo de los recursos del erario. Alrededor de 20 por ciento del dinero que ahí se maneja no requiere registro ni comprobación de la secretaría general ni de los partidos políticos.

El presente año, el órgano legislativo se aprobó –en el Presupuesto de la Federación (PEF) 2018– 7 mil 100 millones de pesos. De esa cantidad se asignaron al rubro de subvenciones mil 400 millones de pesos, en las partidas 3 mil 991 y 4 mil 390, bajo los conceptos de asignaciones para el cumplimiento de la labor legislativa y otros subsidios y subvenciones, respectivamente.

Es decir, los representantes populares se autorizaron gastos sin comprobación de 20 por ciento. Esa cantidad multimillonaria se divide entre todos los partidos políticos representados en el Congreso, sin que se vean obligados a presentar un solo documento de su uso ante la autoridad administrativa.

Los diputados justifican ese monto de recursos (alrededor de 55 por ciento) para actividades legislativas. Es decir, se autorizan para cada uno de ellos entre 20 y 50 millones de pesos anualmente para atender a los votantes en sus distritos. Ahí también se incluye el gasto en obras, de la que obtienen los cuestionados moches.

Tal información, que proviene de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), advierte de la opacidad en la Cámara de Diputados. En la más reciente revisión de la cuenta pública se reveló que además de las citadas partidas, los diputados federales se destinan cifras multimillonarias para apoyo en transporte, pues de 2015 a la fecha el promedio de gasto en ese rubro se ubica en 200 millones de pesos anuales.

A esto se suman las erogaciones para ayuda en gasolina, seguros de gastos médicos mayores –que incluye atención dental para los legisladores y sus familiares– y seguro de vida. La 63 Legislatura resulta un paradigma en términos de gasto per cápita entre sus integrantes. Se contabiliza una erogación por cada uno de 3 millones 183 mil pesos por concepto de dieta, es decir, salario.

El monto de la dieta asciende a 76 mil pesos al mes, pero el ingreso se infla, con prestaciones diversas, a una frontera de 280 mil pesos mensuales. Este registro sólo considera los salarios, pero las bancadas dispondrán en 2018 de mil 400 millones de pesos manejados por sus coordinadores parlamentarios por medio de sus administradores y contralores, para atender los requerimientos de sus compañeros y partidos políticos.

En las recientes cinco legislaturas (15 años), la Cámara de Diputados ha dispuesto incrementos a su gasto anual hasta alcanzar un crecimiento de 158 por ciento durante ese periodo. A la par, a pesar de los requerimientos de la ASF para que se transparenten los recursos de esa instancia legislativa, la opacidad ha marcado la respuesta a la demanda de transparencia que desde diversas instancias públicas, académicas y de investigación se ha hecho para contrastar ante la opinión pública el modo de vida que los diputados federales mantienen a pesar de la crisis económica e institucional que se vive en México.