La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas así como la de Protección y Asistencia a las Víctimas ha sido reformada en dos ocasiones integralmente; pese a ello, no ha incorporado recomendaciones de expertos y organizaciones nacionales e internacionales especializadas, se advierte en un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

Elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativo de ese instituto, el estudio resalta que se ha abierto un debate, con dos posturas encontradas: la de quienes consideran que a pesar de las ambigüedades e inconsistencias que contiene la conocida como ley contra la trata de personas, éstas no afectan su aplicación.

En contraparte, la otra postura considera que la aplicación de la ley vigente se encuentra limitada por la falta de armonización legislativa, la confusión de los delitos establecidos en la misma y las inconsistencias con respecto a otros ordenamientos.

La investigación del IBD refiere que la adhesión del Estado mexicano al Protocolo de Palermo marcó el inicio de una serie de acciones para combatir ese delito, entre ellas la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2007.

Esa ley estuvo vigente hasta el 14 de junio de 2012, cuando se publicó el decreto que la abrogó, al expedir la nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, legislación que en la actualidad está vigente.

El IBD apunta que entre el 1o de septiembre de 2012 y el 15 de abril de 2018 se presentaron 11 iniciativas para reformar y derogar distintas disposiciones de esa ley, de las cuales cuatro se desecharon o su dictamen fue en sentido negativo y seis se encuentran pendientes por dictaminar.

Dado que el periodo ordinario cerrará mañana, esas iniciativas formarán parte de la agenda que la próxima legislatura, que comienza trabajos el 1o de septiembre debe desahogar, dada la relevancia de actualizar dicha legislación en la materia