a renuncia de Xavier Olea Peláez a la Fiscalía General del Estado (FGE) no debe ser motivo de jolgorio ni para suponer que por su salida el funcionamiento de la dependencia mejorará sustancialmente. Él era el titular, no la fiscalía.

Es cierto que el ex funcionario incurrió con frecuencia en situaciones que pusieron en entredicho su profesionalismo y, en general, no produjo los resultados esperados por los guerrerenses. También es sabido que la dependencia opera con carencias que le impiden avanzar con los requerimientos actuales.

En su condición de fiscal, Olea Peláez hizo ver constantemente, incluso al comparecer ante el Congreso local, las fallas que encontró en la fiscalía, empezando con policías impreparados, y prácticamente pronosticó el fracaso del nuevo sistema acusatorio penal, entre otras fallas. La respuesta que recibió fue una andanada de críticas por quejumbroso. Optó por replegarse y a sobrellevar la situación.

Si Olea Peláez era el inoperante, saldrá a flote la respuesta con el sucesor, quien, en ese caso, reportará resultados, pero si la gente le fallaba, también lo hará con el sucesor, e igual se pondrá en evidencia la probreza en equipo tecnológico, métodos de investigación y otras de las que se quejó el fiscal saliente.

Cuando lo citó el Congreso, algunos diputados fueron severos con él; hubo también quienes lo apoyaron, pero ni unos ni otros lo respaldaron para gestionarle mayores recursos que lo condujera por un mejor desempeño.

Es la oportunidad, sí, para designar al profesionista adecuado, así como para analizar la situación de la fiscalía y procurar la manera de otorgarle lo que le falte, toda vez que la autonomía en sí no es suficiente, pues por un lado le concede libertades pero por otro la limita.

Oléa Peláez se va en medio de la desaprobación generalizada; su paso por la FGE, haya sido regular, malo o pésimo, debe ser una experiencia que no se debe repetir, pues la ausencia de justicia, a la par con la inseguridad y la violencia, es uno de los más grandes golpes contra Guerrero.