Después de una discusión de casi seis horas, en la madrugada de ayer el Senado aprobó sin cambios la Ley de Comunicación Social y la remitió al Ejecutivo federal para su promulgación.

Con ello, cumplió el mandato de la Suprema Corte que obligó al Congreso a emitir una ley regulatoria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional, en materia de propaganda gubernamental, antes del 30 de abril, cuando concluye el periodo ordinario, último de la legislatura.

La minuta se turnó directamente al pleno en la sesión del jueves, ya que las comisiones no lograron ponerse de acuerdo en días anteriores, toda vez que PAN, PT-Morena y PRD proponían realizar cambios de fondo a lo aprobado por los diputados, mientras PRI y PVEM estaban por avalarla en sus términos.

La minuta se aprobó en lo general con 60 votos en favor, 46 en contra y una abstención, pese a que la oposición insistió en todo momento en que el contenido de la ley no cumple con el resolutivo de la Corte, ya que permite que continúe el derroche de recursos públicos para promover la imagen de funcionarios de todos los niveles.

En cambio, el PRI y sus aliados sostuvieron que se establecen reglas claras en la asignación de recursos públicos para propaganda gubernamental.

Senadores panistas, de PT- Morena y perredistas presentaron 70 reservas a la mayoría de los 45 artículos de esa norma y todas fueron rechazadas. Pasada la una y media de la madrugada, el presidente del Senado, Ernesto Cordero, declaró que había concluido el proceso y turnó la minuta al Ejecutivo federal, con atentos saludos a la Suprema Corte.