La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) conoció el caso de la desaparición forzada de los primos Alvarado el 29 de diciembre de 2009 en el contexto del Operativo Conjunto Chihuahua.

Ante los jueces de este tribunal, los familiares de las víctimas y sus representantes insistieron en que hay elementos suficientes para asegurar que sus parientes fueron desaparecidos por elementos del Ejército; en tanto que representantes del Estado mexicano esbozaron que también existe la posibilidad que los responsables hayan sido integrantes del crimen organizado vestidos como militares.

Ayer, en el contexto del 123 periodo ordinario de sesiones de la CorIDH, que se realiza en San José, Costa Rica, familiares de los tres desaparecidos, organizaciones que los acompañan, representantes del Estado mexicano y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comparecieron ante los jueces para presentar sus posiciones por este caso, el primero contra el Ejército por violaciones a derechos humanos (desaparición forzada) en el marco de la guerra contra el crimen organizado que se presenta ante el tribunal regional.

Los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera fueron desaparecidos de manera forzada por elementos del Ejército Mexicano en el ejido Benito Juárez, en Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009. Hasta la fecha se desconoce su paradero. El caso llegó a la CorIDH luego de que el Estado mexicano no atendiera las recomendaciones que le hiciera la CIDH.

La audiencia de ayer abrió con la participación de Margarette May Macaulay, presidenta de la CIDH, quien dijo que las tres víctimas fueron desaparecidas de manera forzosa por soldados, hecho que se mantiene en la impunidad y el Estado no ha intervenido lo suficiente para determinar su paradero. “Los avances en la investigación fueron mínimos y no han entregado una propuesta concreta de reparación a las víctimas. Además, lamentó que los familiares han sufrido serias amenazas e intimidaciones tras denunciar los hechos, situación que los ha llevado a dejar sus hogares.

Al comparecer ante los jueces, María de Jesús Alvarado y Jaime Alvarado Herrera, hermanos de Nitza Paola y José Ángel, respectivamente, detallaron cómo se enteraron de la desaparición de sus familiares, la forma en que se movilizaron para hallarlos y cómo diferentes funcionarios locales y ministeriales les comentaron que se los había llevado el Ejército.

Sabemos que el operativo en el que fueron detenidos y después desaparecidos nuestros familiares fue ordenado por el coronel Elfego José Luján Ruiz, coronel al mando del 35 batallón de infantería de Nuevo Casas Grandes, recordó María de Jesús.

En febrero de 2010, señaló, una vecina de la familia recibió una llamada de una mujer que dijo ser Nitza, quien pedía ayuda y decía que estaba viva, que la salvaran. Demandó que el caso no siga impune y se llegue hasta las últimas consecuencias.

También correspondió testificar a Mariana Colín Ayala, encargada de la carpeta de investigación en la fiscalía que atiende el caso Alvarado en la PGR. Quien dijo que se atienden tres líneas de investigación: la del Ejército, la de la Policía Federal o la del crimen organizado. En ocho años, reconoció, se han realizado sólo 13 búsquedas en campo para dar con el paradero de los primos, además que se han enviado más de 450 oficios a diversas autoridades.

Ante las preguntas de los jueces, de los representantes el Estado y de los de las víctimas, sostuvo que no se cuentan con evidencias totales para asegurar que los Alvarado fueran levantados por el Ejército, y por el contrario dejó entrever que algunos criminales tienen un modus operandi de fingir ser militares a efecto de evadir la justicia y generar confusión.