a madrugada de este jueves, de una manera relativamente silenciosa o silenciada, la cámara de senadores aprobó una Ley General de Comunicación Social que, en términos generales, mantiene el mismo esquema histórico de entendimientos corruptos entre las administraciones gubernamentales en turno y una gran mayoría de las empresas periodísticas.

La reiteración de esas complicidades largamente labradas tiene un significado que añade peligro al proceso electoral en curso: en esencia, mediante votaciones mayoritarias encabezadas por el Partido Revolucionario Institucional, el Poder Legislativo federal ha simulado el cumplimiento de la esencia de una histórica resolución de la Suprema Corte. Ese virtual desacato debería colocar a los integrantes de las cámaras de diputados y de senadores en un riesgo de consecuente castigo judicial y en una nueva instrucción para emitir una regulación que evite la discrecionalidad desde la Presidencia de la República y sus secretarías y órganos adjuntos, y desde los gobiernos estatales, en el uso del presupuesto público en materia de comunicación social.

Por lo pronto, gracias a un taimado manejo de los tiempos, que dejó casi hasta el final (30 de abril) la aprobación de la minuta correspondiente, y a una redacción gatopardista, sigue intocado el patrón de conducta que ha permitido a las administraciones gubernamentales priístas y panistas, en el caso federal, controlar los flujos informativos y acomodar a sus intereses el manejo de los medios de comunicación, a veces para exaltar presuntos logros y, en otras, para arremeter contra los opositores.

En momentos de mayor fuerza política de los sistemas de televisión abierta de alcance nacional, se les consideraba factores no decisorios en cuanto a la determinación de un candidato, pero sí auxiliares y complementarios. Televisa, en sus momentos de mayor influencia, pareció en determinados momentos una instancia constructora de figuras manejables en términos mediáticos, como Enrique Peña Nieto, en particular.

Hoy, a causa del Internet y las redes sociales, ese peso de las televisoras ha disminuido, pero el conjunto de medios alineados con los poderes suministradores de convenios de publicidad sigue siendo importante en la construcción de las percepciones sociales. Mucho más cuando se desatan campañas de contraste o guerra sucia, en los que un presunto ejercicio de libertad de expresión lleva a empresas de periodismo a volcar sus artículos de opinión, columnas, información y editoriales a favor de determinadas tendencias y candidatos.

En noviembre de 2017, el pleno de la primera sala de la Suprema Corte había ordenado que el Poder Legislativo cumpliera con lo establecido en una reforma constitucional que establecía como plazo el 30 de abril de 2014 para que se aprobara una ley general de comunicación social. La violación a esa orden fue señalada por la organización no gubernamental artículo 19, mediante una solicitud de amparo ante la Corte para que se reparara la violación al mandato constitucional referido a 2014.

Por primera vez en la historia de las relaciones entre los poderes Legislativo y Judicial, éste ordenó a aquel que se diera a la tarea de cumplir con la obligación constitucional. No se buscaba solamente la enmienda de un error cronológico sino de otro de mayor profundidad: la omisión de expedir la ley señalada viola la libertad de expresión, de prensa y de información. Este derecho requiere de medios de comunicación libres, que transmitan a los ciudadanos opiniones de todo tipo (...) la ausencia de regulación de la publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que indirectamente se restringe la libertad de expresión (nota de Notimex).

Sin embargo, bautizada en esas mismas redes sociales como #LeyChayote, una resolución casi de reloj checador fue aprobada por 60 votos de la alianza PRI, Verde y Nueva Alianza, contra 46 votos y una abstención. No hay cambios reales ni se intenta siquiera modificar la relación perversa entre medios y poderes públicos a través del presupuesto de comunicación social. Simplemente se confirmó ese amasiato histórico y se dejó el camino libre para que los beneficiarios sigan atendiendo las indicaciones y exigencias de los suministradores de dinero público a contentillo, circunstancia esta muy benéfica para quienes pretenden mantenerse en el poder al costo que sea.

Ayer se cumplió otro mes de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Al enojo y la desazón ante aquellos hechos de Iguala, Guerrero, se han sumado los de la zona metropolitana de Guadalajara, donde tres estudiantes de cine fueron secuestrados, asesinados y disueltos en ácido. En varias ciudades del país hubo protestas por los 43 meses de los 43 y por otra de las tragedias acumuladas, la de los tres. En el caso guerrerense, como en el jalisciense, las autoridades se han movido, con diversas tácticas y formulaciones, en espera de que el tiempo disuelva la indignación.

Astillas

Ha puesto de relieve Luis Videgaray Caso, embajador de Estados Unidos en México, que no hay intención electoral alguna en el hecho de que sea muy viable el pronto cierre de negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Ya se verá si el candidato del PRI blande como virtuales promesas de campaña los pocos logros derivables del nuevo articulado… Ricardo Anaya abre las puertas a una reconciliación con el calderonismo ahora tan desfondado: ha dicho que si él no hubiera ganado la candidatura presidencial del PAN lo habría hecho Margarita Zavala, a quien él estaría apoyando ahora. También dijo que, de llegar a Los Pinos, consideraría la posibilidad de integrar a su equipo de trabajo a quienes actualmente son sus adversarios… A mi juicio, sí, respondió José Antonio Meade cuando le preguntaron si hay que temer a López Obrador… ¡Hasta el próximo lunes!

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