Xalapa, Ver.

Las universidades públicas del país se negaron a dar a conocer los ingresos que los rectores y sus colaboradores más cercanos percibieron en diciembre de 2017.

Por medio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales (Inai), La Jornada solicitó a 32 instituciones educativas de igual número de entidades documentos sobre los ingresos de sus principales funcionarios, pero sólo ocho los proporcionaron.

Las otras 24 se negaron y la declararon información reservada o inexistente, o proporcionaron direcciones electrónicas que no remitían a lo solicitado. Entre éstas se encuentran las universidades autónomas de Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Hidalgo, Nuevo León y Guerrero.

Esta última informó que el rector gana 31 mil 327 pesos mensuales, pero se negó a mostrar documentos que lo corroboren debido a los altos índices de inseguridad que prevalecen en el estado.

Otras instituciones, entre ellas la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), remitieron comprobantes fiscales de pagos al rector en formato XML, ilegible a simple vista, pese a que tenía la opción de enviarlo en formato en PDF, de fácil lectura.

Las ocho universidades que transparentaron los pagos de diciembre de 2017 a sus rectores fueron las de Yucatán, Tabasco, Sonora, Guanajuato, Morelos, Campeche, Baja California y la Universidad Veracruzana (UV).

El rector de la Universidad Autónoma de Baja California, Juan Manuel Ocegueda Hernández, percibió 300 mil pesos en diciembre de 2017, mientras el de la Universidad Autónoma de Campeche, Gerardo Montero Pérez, ganó 271 mil pesos.

En tanto, el rector de la Universidad Estatal de Sonora, Horacio Cevallos Huerta, tuvo ingresos por 211 mil pesos a fin de año, y el de la Universidad Autónoma de Yucatán, José de Jesús Williams, obtuvo 241 mil pesos.

Problema estructural: Anuies

Las crisis financieras de algunas instituciones públicas son producto de problemas estructurales que requieren una reforma de fondo, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).

A principios de este año, el secretario ejecutivo de la Anuies, Jaime Valls Esponda, señaló que en años recientes sólo ha habido intervenciones emergentes cuando las universidades no tienen recursos para pagar salarios y aguinaldos. En diciembre pasado la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, las universidades autónomas de Morelos, Nayarit y Zacatecas, así como la Benito Juárez de Oaxaca, entre otras, pasaron por esta situación.

Tiene que haber un replanteamiento fundamental. Algunas han hecho reformas profundas, por ejemplo, a sus sistemas de pensiones, afirmó Valls Esponda, y agregó que entre las causas de la crisis destacan el costo de las jubilaciones, la nómina y prestaciones no reconocidas por autoridades estatales y federales, así como un creciente endeudamiento.

Sueldos altos en la UV

La rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara González obtuvo las percepciones más altas entre las ocho instituciones que dieron a conocer sus pagos.

De acuerdo con el Sistema Infomex, Ladrón de Guevara percibió 303 mil pesos, 76 mil de los cuales corresponden a bonos por antigüedad, cumplimiento, prima vacacional y productividad; 115 mil pesos por aguinaldo y 112 mil por las dos quincenas de diciembre.

Durante la administración de Javier Duarte, la UV enfrentó una severa crisis económica porque el gobierno del ex funcionario, actualmente preso, retuvo fondos federales a la institución y no enteró al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los impuestos retenidos a los trabajadores universitarios.

La retención de fondos federales a la UV llegó a 2 mil 500 millones de pesos.

Ladrón de Guevara encabezó varias protestas para demandar la entrega de los recursos enviados por la Federación.

En el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares se decretó la autonomía financiera de la UV y se determinó que su presupuesto aumente de manera gradual a partir de 2018 hasta que en 2023 alcance 3 por ciento del que ejerza el estado.

Al revisar los comprobantes fiscales de los pagos que la UV hizo en diciembre de 2017, se observa que, después de la rectora, la funcionaria universitaria con las percepciones más altas fue la secretaria académica, María Magdalena Hernández Alarcón, con 169 mil pesos.

El tercer lugar lo ocupó el abogado general, Alberto Islas Reyes, con 160 mil pesos. Le siguieron el titular de Finanzas, Salvador Francisco Tapia Spinoso, con 149 mil; el director de Comunicación, Raciel Damón Martínez Gómez, con 126 mil; Olga Margarita Bernal Gómez, directora administrativa, con 113 mil.

Con un ingreso de 105 mil pesos en diciembre pasado, el asesor externo Carlos Mario Pallán Figueroa ocupó el séptimo lugar. Le siguió el secretario particular, Andrés Valdivia Zúñiga, que percibió 89 mil pesos.

Por último, con un ingreso de 80 mil pesos aparece Mario de Jesús Oliva Suárez, director general de Relaciones Internacionales.

En total, la UV erogó un millón 772 mil pesos en pagos de fin de año a Ladrón de Guevara y a sus ocho colaboradores más cercanos.

Cuando ha sido cuestionada por sus ingresos salariales, la académica ha insistido, sin dar cifras, en que sus percepciones son menores que los de su antecesor en el cargo.

Esta semana la casa de estudios dio a conocer que de 40 mil jóvenes que hicieron examen de admisión para el ciclo escolar 2018-2019, 24 mil (60 por ciento) fueron rechazados.

Ladrón de Guevara se encuentra en su segundo periodo consecutivo como rectora (2017-2021). Es la primera mujer en ocupar ese cargo en los 69 años de la UV.

La rectora estudió antropología en la UV, hizo una maestría en arqueología e historia del arte en la Universidad París 1 La Sorbona, y en 1996 obtuvo el doctorado en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México.