Para poner orden y frenar el cambio irregular en el uso de suelo que promueven los desarrolladores inmobiliarios, el mandatario capitalino, José Ramón Amieva, instaló la coordinación para el desarrollo urbano sustentable, formada por 11 dependencias que darán seguimiento a los trámites y permisos que tienen que cumplir todas las construcciones, así como la autorización que cada una tiene que otorgar. No estamos, aclaró, en contra del desarrollo, pero éste debe estar apegado a la ley.

A partir de ahora todas las autorizaciones, en especial las de impacto ambiental, que se tienen que obtener, deben ser conocidas y compartidas entre todas las áreas, para que de forma conjunta emitan un criterio que determine que efectivamente es una construcción que puede llevarse a cabo, advirtió.

Al presentar, en la sala de prensa del gobierno capitalino el acuerdo por el que se crea la Coordinación estratégica para fortalecer el desarrollo urbano sustentable en la Ciudad de México, el jefe de Gobierno reconoció que hay edificaciones que no cumplen con la norma y que cuando son detectadas por la autoridad o por una queja vecinal ya se hizo una demolición, una cimentación o está en proceso de construcción.

“Si alguien generó algún acto incorrecto –no le llamaría indebido–, corregirlo; si evadiendo el cumplimiento de la norma se realiza una construcción, unir la fuerza de todos los que estamos en la mesa para sancionarlo, o ver en qué momento tenemos que ajustar ese procedimiento para que no se genere una situación de impunidad; es decir, que no se construya sin atender a la norma”, detalló Amieva.

Aspecto de la construcción de un complejo inmobiliario en Periférico Sur 5550Foto Roberto García Ortiz

El titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Miguel Ángel Cancino, agregó que la dependencia tiene detectados 139 inmuebles con un total de 300 pisos excedentes, de los cuales han sido demolidos alrededor de 24 niveles en ocho construcciones. Por lo que esta coordinación inicia actividades con el análisis de los 131 inmuebles restantes.

Amieva aclaró que su administración no está en contra del crecimiento urbano ni del desarrollo inmobiliario, pero sí que sea ordenado y apegado a la norma. Lo que estamos haciendo es adelantarnos a lo que esperamos que no suceda, pero si sucede, tenemos que actuar, resumió.

En la coordinación participan la Procuraduría General de Justicia, las secretarías de Gobierno, Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Vivienda, Movilidad y de Protección Civil; así como la Contraloría General, el Sistema de Aguas, la Consejería Jurídica, el Instituto de Verificación Administrativa, las 16 delegaciones y la PAOT.