Con prisas y una votación dividida, el Senado aprobó la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un dictamen que el PRI introdujo de manera sorpresiva y que, de acuerdo con senadores del PAN, PT-Morena e independientes, viola la constitución al otorgar facultades de investigación de delitos a ese tipo de empresas particulares dedicadas al resguardo y protección de bienes y personas.

En la exposición de motivos de la nueva ley, aprobada con 57 votos a favor, 36 en contra y tres abstenciones, se establece que la legislación es reglamentaria del artículo 21 constitucional y tiene por objeto regular la seguridad privada como actividad auxiliar de la función de seguridad pública en materia de prevención del delito.

Legisladores de oposición dijeron que con eso se faculta a las policías privadas a realizar tareas que constitucionalmente deben ser realizadas por corporaciones policiacas dependientes del poder público, lo que viola la Carta Magna.

La ley establece que las empresas autorizadas en términos de la ley, así como su personal operativo, coadyuvarán con las autoridades y las instituciones de seguridad pública en situaciones de urgencias o desastre, siempre que así lo solicite la autoridad competente de la federación o de las entidades federativas

De igual forma señala que son atribuciones de la federación diseñar, organizar y aplicar los instrumentos de política de seguridad privada para garantizar la coordinación entre la federación y las entidades federativas, expedir la autorización única que permita la autoprestación de servicios de seguridad privada, modalidades y submodalidades.

Además, integra, opera y mantiene actualizado el registro único de empresas, personal y equipo de seguridad privada, con la información de las personas que cuentan con autorización única para la prestación de ese servicio”.

También se especifica cuáles son los fines de la seguridad privada: generación de información a través del Sistema Nacional de Regulación de Seguridad Privada, se obliga a esas empresas a identificar armamento, vehículos, equipo, radios y no podrán operarlas integrantes en servicio activo de las fuerzas armadas o públicas.

Contiene sanciones por incumplimiento a la ley que van de mil hasta 5 mil unidades de medida y actualización por no presentar en tiempo la solicitud de revalidación, y hasta la revocación del permiso.

Éste es un ejemplo de algo que lamentablemente entra por la rendija de última hora con un diagnóstico incompleto e ineficaz, advirtió en tribuna el panista, Juan Carlos Romero. Su compañero de bancada, Ernesto Ruffo, y los del PT-Morena, Manuel Bartlett y Dolores Padierna, resaltaron que la iniciativa llegó la semana pasada y ni se discutió en comisiones.

Por su parte, el presidente de la comisión de Seguridad Pública, el priísta Ernesto Gándara, destacó que actualmente se cuenta con 6 mil empresas que se dedican a proporcionar seguridad privada, pero únicamente 3 mil 640 están debidamente acreditadas.

De todas éstas mil 232 cuentan con permiso federal y 2 mil 408 con permisos locales, mientras mil 300 operan sin registro y no cuentan con personal certificado. Ese sector aporta 1.4 por ciento del producto interno bruto y en ellas laboran más de 500 mil efectivos que prestan 300 mil horas diarias de vigilancia.

Bartlett dijo que está a favor de que se reglamente esa materia, pero no de esta forma. Es inconstitucional, es una ley antifederalista y antimunicipalista.

La ley se remitió a la Cámara de Diputados para continuar el trámite legislativo. Durante la penúltima sesión, se desahogó una abultada agenda que incluyó 60 dictámenes, en materia de salud, desarrollo territorial y migración.