La Cámara de Diputados negó a mil 500 asesores seguir la relación laboral prevista en sus contratos hasta el 31 de agosto y, en una maniobra rechazada por los trabajadores, únicamente ofreció pagar salarios de junio y julio.

En una nueva manifestación en la explanada del Palacio Legislativo, los afectados anunciaron que al despedirlos de manera anticipada los grupos parlamentarios se quedarán con 108 millones de pesos aprobados para su pago en el presupuesto de egresos de 2018.

Después de la protesta del martes, los asesores fueron recibidos por Carlos Olson, secretario administrativo de la Cámara, y la titular de recursos humanos, Abril Aguayo, quienes les informaron que la decisión de rescindir contratos fue una orden de la Junta de Coordinación Política, por lo que los enviaron a esa instancia.

No logramos que nos reconozcan que sí somos trabajadores y que, aunque estemos bajo honorarios tenemos derechos. Ellos (Olson y Aguayo) quedaron en subir la información a la junta y nos pidieron que lo hiciéramos por escrito, indicó Gerardo Larrauri, uno de los asesores.

Explicó que sus exigencias son que se respete su contrato hasta el 31 de agosto y el finiquito se otorgue posteriormente, aumento salarial, se mantenga el derecho a la seguridad social y poner fin a amenazas y represalias.

El martes pasado el secretario general de la Cámara, Mauricio Farah, y de quien dependen Olson y Aguayo, sostuvo que no se trata de trabajadores de base y sólo se les garantiza el pago de junio y julio como finiquito, los asesores expresaron que ser empleados de confianza no les resta calidad laboral.

Nos pone en una situación de menos derechos y al final no es una decisión que dependa de él (Farah), que también es un colaborador, sino de la Junta de Coordinación y aunque él no quiera, si la junta decide cambiar el acuerdo tendrá que hacerlo; además indicó Larrauri que ”hay suficiente presupuesto”.