Los derechos de los niños no existe en el Código Civil Federal y para incluirlos se requeriría modificar 150 artículos de ese ordenamiento que data de 1932, una época en la que no se consideró la protección de los menores, consideraron especialistas, diputados y funcionarios federales.

Durante el foro Armonización legislativa para la prevención de la violencia y restauración familiar, convocado por la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, se explicó que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) cuenta con mil 200 Procuradurías de la Defensa del Menor, pero sólo son preventivas y no están preparadas para brindar justicia cotidiana.

Los participantes expresaron que el Congreso también está obligado a reformar el Código de Procedimientos Civiles para adecuarlo a la nueva realidad que se vive en las familias, además de que en temas como la pensión alimenticia, la legislación de los estados no considera la protección de los menores cuando existe un conflicto.

Fernando Negrete Méndez, de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, expuso que concebir a los infantes como sujetos de derechos abre el panorama para protegerlos de violencia y garantizarles un lugar seguro como el núcleo familiar.

Los menores deben tener garantizada la sana convivencia; no obstante, cuando son separados de su familia tienen que recibir un trato de armonía, a través de distintas alternativas como el programa de Acogimiento Familiar que implementa la Procuraduría, dijo.

Alicia Acosta Huerta, coordinadora del programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), consideró prudente impulsar adecuaciones legales a fin de hacer transversales los derechos de los infantes en el país.

Hay entidades, por ejemplo, que en sus leyes aún permiten el matrimonio infantil. Otro tema que debe atenderse es el embarazo a temprana edad, con el propósito de no truncar los planes de vida de las niñas, indicó.

Por otra parte, el diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) objetó la decisión de la Secretaría de Gobernación de otorgarle el carácter de unidad administrativa al Sistema Nacional de Protección Integral al Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Este cambio contraviene el discurso del gobierno mexicano en materia de protección de la infancia, dijo.

El legislador envió al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, un oficio para exponer la obligación del Estado a implementar medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole relativas a la defensa de los niños, porque éstas deben ser atendidas de manera prioritaria.