El Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica dio a conocer que el juez de control del estado de Chihuahua Alejandro Legarda Carreón se niega a entregar a la justicia federal la investigación sobre el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, perpetrado el 23 de marzo de 2017. El organismo no gubernamental además informó que se citó a familiares de la comunicadora a una audiencia, para impugnar la competencia de la Fiscalía Especializada en Delitos en Contra de la Libertad de Expresión (Feadle) de la Procuraduría General de la República (PGR).

Los abogados de los hermanos Breach Velducea y del hijo menor de la corresponsal de La Jornada informaron que el juez Legarda Carreón los notificó sobre la realización de una audiencia el próximo 27 de abril, en la cual pretende debatir la orden de transferir el expediente a la PGR.

Propuesta Cívica, organización que asesora jurídicamente a parientes de la reportera, consideró preocupante que el juez local se oponga a lo resuelto por la justicia federal. A la fecha ni las víctimas, ni el imputado, ni la propia Feadle han podido tener conocimiento pleno de los avances de la carpeta de investigación, pues la fiscalía (estatal) ha obstaculizado el acceso a la misma, cuestionó en un comunicado.

La Fiscalía General del Estado ha desacatado la orden de entregar copias completas de la investigación, tanto a las víctimas como al imputado, orden que incumplió el agente del Ministerio Público Érick Alejandro Rangel, coordinador de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida.

Desconcierta el interés desmedido con que las autoridades locales quieren seguir ocultando la investigación, que han presumido de ejemplar. ¿A qué le teme la fiscalía chihuahuense, si su trabajo es ejemplar?, cuestionó Propuesta Cívica.

En caso de que el juez local sostenga su competencia, oponiéndose a lo resuelto por el juez federal, quien determinó su competencia para conocer del caso el 11 de abril, esto repercutirá gravemente en el desarrollo de la investigación y del proceso penal, porque se retrasaría sin fundamento legal la entrega de la carpeta de investigación, agregó.