Después de 22 años de vigencia en la ley y una década en la Constitución, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados decidió por unanimidad suprimir la figura del arraigo y atender las observaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU-DH).

El dictamen, que se envió a la mesa directiva de la Cámara de Diputados con el propósito de que sea aprobado este jueves en sesión plenaria, refiere que el arraigo trastocó el debido proceso y los legisladores de distintas bancadas resaltaron que se obligará a que la investigación ministerial sea efectiva.

Durante la discusión del documento, el diputado Arturo Huicochea (PRI) sostuvo que se obligará a la Procuraduría General de la República (PGR) a hacer mejor su trabajo de persecución de los delitos, al igual que a las procuradurías estatales, mediante un método científico, metódico y convincente.

Se trata, expresó, de una decisión correcta, cuya finalidad es restablecer la confianza de los ciudadanos y cerrar el paso a la tortura y el espacio para la desaparición forzada que permitió esa práctica.

En 1996, durante la 56 Legislatura, en el primer esfuerzo del Congreso para combatir el crimen, se aprobó incluir la figura del arraigo en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; posteriormente, mediante una iniciativa de Felipe Calderón, el Legislativo autorizó incluirla en el artículo 16 de la Constitución.

Ante el abuso de la figura, la 61 Legislatura decidió limitar a 40 días el máximo de aplicación del arraigo para una persona, a pesar de que el acuerdo inicial había sido suprimirlo.

El diputado Víctor Sánchez (MC) recordó que durante la aplicación del arraigo se violaron derechos humanos, pero ahora las instituciones de procuración de justicia deberán replantearse y profesionalizar sus métodos.

Tendrán que utilizar la inteligencia y los sistemas de investigación. Hoy la delincuencia sigue ganando la lucha a la justicia y esta reforma, lejos de quitar herramientas, obliga al uso, insisto, de la inteligencia y la tecnología.

En el dictamen aprobado se resalta que se atienden las recomendaciones de la ONU-DH, que en los informes enviados a la Cámara de Diputados concluyó que el arraigo ha violado de forma manifiesta el derecho a la libertad personal, llegando a constituir una detención arbitraria y a violentar el derecho al debido proceso, particularmente en la vertiente de presunción de inocencia.

La comisión sostuvo que además de las opiniones del alto comisionado, se tomaron en cuenta los informes de organismos como el Comité contra la Tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial sobre la Tortura y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas.

Durante la reunión, también se aprobó incluir en la Constitución que en los estados el Ministerio Público se ejerza por conducto de fiscalías autónomas, así como facultar al Congreso para emitir una ley general de extinción de dominio.

En el caso de la ley de extinción de dominio, el diputado Hernán Cortés (PAN) expuso que se trata de una norma general que defina un piso para todo el país, porque en la mayoría de las entidades no se ha tipificado esa figura, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no da resultados. En un año sólo consignó dos asuntos, dijo.