unque nadie lo esperaba, porque el poder de los llamados desarrolladores es más grande –hasta ahora– que las alertas de vecinos y organizaciones civiles por el impacto ambiental negativo que generan, y sus protestas, dentro de muy poco tiempo, nos aseguran, el gobierno de la ciudad emitirá un pronunciamiento legal para tratar de poner orden y frenar, primero y fundamentalmente, el cambio en el uso de suelo.

Y es que si es verdad aquello de que el buen juez por su casa empieza, el nuevo jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, empezará por atar las manos a la gente de Seduvi, que está convertida en cómplice de esos mismos desarrolladores, y luego, lo más difícil, cerrar la bolsa a las ambiciones de quienes construyen vivienda y oficinas en la ciudad, cosa que no será nada fácil.

No hace mucho Amieva y su gente de confianza visitaron la contraloría de la ciudad, y allí su titular, Eduardo Rovelo Pico, les mostró la lista de quejas ciudadanas por corrupción, y aunque no sea noticia habría que decir que la dependencia con mayor número de quejas es la Secretaría de Seguridad Pública, luego la Procuraduría, la misma Seduvi y la Secretaría de Movilidad.

Nos dicen que Amieva ya prepara respuesta a cada uno de esos llamados de atención, pero para empezar tiene muy bien definido –según quienes nos confiaron la información– el rumbo para tratar de poner en orden el mercado inmobiliario, que también es uno de los factores que pesa sobre la muy mala imagen que tiene la función pública en esta ciudad.

La revisión deberá ser muy puntual para que la impunidad no se cuele por ninguno de los artificios legales que suelen tomar los despachos de abogados que contratan las empresas, pero, para estar ciertos, debemos decir que no conocemos bien a bien cuál es el texto que anunciará el jefe de Gobierno capitalino.

Pero si esa tarea es difícil, la de limpiar a las dependencias que hoy tienen cola que les pisen es mayor. Por ahí se tendría que analizar, con datos en la mano, la posible coincidencia del incremento en la inseguridad, con el cambio de mandos en la policía y en la procuraduría. Hay quienes aseguran que los cambios en esas dos dependencias aflojaron los sistemas y programas de seguridad y el resultado ha sido precisamente ese: más crímenes, más robos y policías haciendo rondines que ya no tienen ninguna eficacia.

Pese a todo esto, nos aseguran, ni el procurador ni el jefe de la policía serán removidos de sus puestos, porque parece que lo principal es que arreglen el tiradero que tienen en estas dos dependencias, fundamentales en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad.

De pasadita

En las reformas a la ley que aprobó ayer la Asamblea Legislativa de la ciudad hay un pero principalísimo: los tiempos políticos. En el PAN y su amarilla compañía hubo enojo porque se dijo que la reforma era una amnistía del tipo que propone Andrés Manuel López Obrador. Pero no se trata de eso, cuando menos el PRD ha buscado advertir, de todas formas, que la reforma no es amnistía y que los jóvenes que se hallan en prisión por delitos patrimoniales no saldrán libres.

Nosotros creemos que la determinación que se tomó en la Asamblea Legislativa, y que le limpia un tanto el rostro frente a todas las atrocidades que desde allí se han enderezado, no se debe empañar por el pleito de los partidos políticos. Lo más importante es que se zanja una injusticia, que muchos jóvenes quedarán sin antecedentes penales que los señalen y que, amnistía o no, este es un hecho histórico que reconcilia a nuestra ciudad, preserva la libertad de manifestación y busca evitar cualquier violación a los derechos humanos. Por eso, debemos felicitar a la ALDF.

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