Managua.

El gobierno de Nicaragua evaluaba este miércoles un diálogo nacional para buscar salidas a la crisis desatada por una ola de protestas y violentos enfrentamientos con la policía que han dejado 34 muertos, aunque aún no se ha hablado de una fecha ni se sabe quiénes participarán.

Tras seis días de manifestaciones, enfrentamientos con la policía, saqueos y caos, desde el martes pasado no ha habido reporte de movilizaciones ni se han levantado más barricadas.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos contabilizó hasta el martes 34 muertos, entre ellos algunos desaparecidos encontrados por familiares en la morgue del Instituto de Medicina Legal de Managua, y personas que fallecieron en el hospital tras resultar heridas durante las protestas.

Los fallecidos incluyen a dos agentes de la policía y un periodista, además de jóvenes y universitarios.

El activista Marcos Carmona, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, manifestó que el número de muertos puede aumentar en las próximas horas, cuando reciban informes de sus filiales de las ciudades de Sébaco y Estelí.

Hay 66 heridos en los hospitales, de los cuales 12 están reportados muy graves y permanecen en el área de cuidados intensivos, mientras 16 personas continúan desaparecidas, afirmó Carmona.

Líderes estudiantiles del recién formado Movimiento 19 de abril que encabezan las protestas antigubernamentales exigieron la destitución de Aminta Granera, directora de la Policía Nacional, y de Francisco Díaz, subdirector, así como de otros seis altos mandos. También exigen un proceso judicial con verificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se indicó en una proclama de los estudiantes.

Los líderes estudiantiles, que se mantienen atrincherados en la Universidad Politécnica, en la zona norte de Managua, exigieron, además, la liberación de los detenidos y la reconstrucción de los recintos universitarios.

La protesta inició el miércoles de la semana pasada en rechazo a una reforma al Seguro Social, la cual se agravó por la represión de la policía y de grupos de choque sandinistas.

Aunque la reforma fue derogada por el presidente Daniel Ortega, varios sectores de la sociedad civil y opositores que apoyan a los estudiantes exigen la salida del mandatario y la realización de elecciones libres y transparentes.

Ortega confirmó la noche del martes la participación del gobierno en un diálogo, con fecha e interlocutores aún por definir, para el cual la Conferencia Espiscopal de Nicaragua aceptó actuar como mediadora y testigo.