San José.

Una huelga general contra un proyecto de ajuste impositivo para enfrentar un grave déficit fiscal estalló este miércoles en oficinas gubernamentales, el servicio de tren, hospitales y escuelas públicas de Costa Rica.

La huelga fue convocada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y el Bloque Unitario Social y Sindical (Buusco), que congregan a decenas de organizaciones gremiales de Costa Rica.

Exigimos un diálogo en torno al paquete de impuestos que, como está concebido, golpeará los bolsillos de los trabajadores y no tocará al gran capital, dijo Albino Vargas, secretario general de la ANEP, tras la realización de una marcha.

Miles de personas participaron en la manifestación de repudio al combo fiscal, como lo llaman los sindicatos, aparte de la paralización de labores convocada por distintos gremios.

La paralización de labores afectó el servicio de tren que moviliza diario a unas 16 mil personas, hospitales, escuelas, universidades y labores en oficinas de unos 20 municipios del país, según reportes de la prensa local.

Los sindicatos, algunos de los cuales tuvieron cercanía con el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, convocaron a la huelga a escasas dos semanas de que asuma el poder el presidente electo, Carlos Alvarado, quien fue apoyado por el oficialista Partido Acción Ciudadana.

Una comisión especial de la Asamblea Legislativa ya aprobó un proyecto para transformar el impuesto a las ventas en uno al valor agregado (IVA) a los bienes y servicios.

Ambos son de 13 por ciento, pero con el IVA se ampliarían los rubros gravables, como servicios de educación y de medicina privada y compras por Internet, entre otros, e incluso algunos artículos de la canasta básica.

La iniciativa pretende además fijar en 2.54 por ciento las anualidades (beneficios por años de servicio) a empleados públicos, y que sean calificados como buenos funcionarios. En la actualidad hay diferentes rangos en el pago de anualidades, que en algunas instituciones autónomas es de hasta 5 o 7 por ciento.

El proyecto busca eliminar las exoneraciones a las ganancias de las organizaciones cooperativas y de las Asociaciones Solidaristas, que operan mediante acuerdos entre patrones y trabajadores para evitar diferendos laborales.